Caso Skanska: una grabación oculta y 96 facturas truchas sellaron la condena a De Vido, López y Ulloa

Una grabación secreta hecha a escondidas que estuvo anulada durante una década, 96 facturas truchas y la ruta del dinero que reconstruyó el pago de una coima del 5% sobre un contrato millonario son las pruebas centrales de la condena a Julio de Vido, José López y Néstor Ulloa a cinco años de prisión por el caso Skanska. Así lo estableció el Tribunal Oral Federal 4 en las 1145 páginas con los fundamentos del fallo que se difundieron este martes.

Los jueces Néstor Costabel y Jorge Gorini votaron en mayoría por condenar a los tres exfuncionarios por cohecho pasivo y administración fraudulenta. También recibieron penas tres exdirectivos de la constructora sueca, condenados a cuatro años, y otros seis acusados, que deberán cumplir tres años de ejecución condicional. La jueza Gabriela López Iñiguez votó en disidencia: no se convenció de que los funcionarios hubieran recibido coimas, aunque sí dio por probada la maniobra.

El fallo reconstruyó cómo en 2004 se pactó de antemano que las obras de los gasoductos Norte y Sur fueran adjudicadas a la firma sueca, cómo se pagó un retorno del 5% “incluido en los costos” y cómo la prueba principal del expediente permaneció invalidada casi una década.

“Si las líneas están arregladas... la línea desde que se entregó tiene incluidos los costos y ya sabíamos que antes de tener respuesta lo íbamos a ganar”, confesó Javier Azcárate, gerente comercial de Skanska, en marzo de 2006. Lo dijo sentado en su oficina, frente al auditor interno Claudio Corizzo. Antes de empezar, Azcárate le preguntó si lo estaba grabando y el auditor le respondió que no. No era cierto.

Esa conversación estuvo anulada durante diez años como prueba. La Sala I de la Cámara Federal la excluyó en 2008 y recién en 2015 la Corte Suprema la rehabilitó. En abril de 2016, Casación validó el audio y ordenó avanzar “con celeridad”. Cuatro meses después, el juez federal Sebastián Casanello citó a indagatoria a De Vido y a López. En octubre de 2018, la Cámara, con otra integración, anuló su fallo de 2011 que había invalidado toda la actuación por “un vicio grave en su fundamentación”. El fiscal Carlos Stornelli lo había planteado como cosa juzgada írrita, es decir, producto de pruebas falsas.

Según el tribunal, la maniobra comenzó antes de que existieran las licitaciones, “incluso antes de que estuvieran disponibles todas las especificaciones técnicas”. Para los jueces, ese dato, sumado a que la empresa ya sabía que iba a ganar, demuestra que no se trató de “una evaluación comercial ordinaria”.

Del lado del Estado, el fallo describe un conjunto de normas que incidieron en el negocio: el decreto 180/04, la resolución 185/04 firmada por De Vido, la resolución 663/04 y la nota 658/04 de la Secretaría de Energía. Con esas reglas se armó el programa de fideicomisos de gas y se repartieron funciones entre Energía, Obras Públicas, Enargas y Nación Fideicomisos.

En los expedientes del Enargas (8786 TGN y 8787 TGS) consta que las empresas que gerenciaban las obras advirtieron por escrito, y con cifras, que los precios no tenían justificación. El Estado respondió que había fondos y que por eso se iba a seguir adelante. Para los jueces, así se impuso la lógica de que “si existían fondos disponibles, el procedimiento debía continuar de todos modos”. El perjuicio para el Estado quedó fijado en $34.594.947,34, en valores de la época.

Todo salió a la luz después del allanamiento que Stornelli hizo en Skanska a comienzos de 2006, en busca de papeles de Infiniti Group, la firma usada para los pagos. La auditoría ya tenía identificadas ocho o nueve compras sospechosas: las obras estaban casi terminadas, pero se seguían registrando compras. La empresa le pidió a Corizzo que profundizara, pero los gerentes del proyecto le dijeron que habían actuado por órdenes superiores.

Corizzo, que dependía del CEO de la compañía, advirtió que estaba auditando a sus propios jefes y decidió grabar la siguiente entrevista. El audio dura una hora y media. En él, Azcárate cuenta cómo se repartía el dinero. “¿A cómo están divididos? ¿A quién le fue la guita?”, pregunta. Y se responde: “Tres por ciento, ENARGAS; y dos por ciento, Nación Fideicomisos. (...) Más los costos”.

Azcárate también describe a los intermediarios: “El cliente, para asegurarse el cobrar, te pone uno, dos, tres tipos, que son generalmente contadores que manejan diez empresas, cinco empresas, ocho empresas, que tienen las cuevas”. Acto seguido, le entregó al auditor la lista completa de proveedores falsos: no eran ocho o nueve, eran 23.

En un tramo de la conversación, Corizzo le dijo que no podían seguir “coqueteando con los mafiosos”. Azcárate le contestó: “Sabés que está todo infiltrado, hay compromisos de otros lados”. El auditor completó: “Terminás en una zanja”.

La historia de la grabación es también la historia de las irregularidades de la instrucción. Corizzo y un colaborador, Aldo Stork, ya fallecido, hicieron una versión editada de unos 23 minutos para mostrarle al directorio. Grabaron el original y la copia en CD y se los entregaron al directorio, que a su vez los derivó al abogado de la empresa. Cuando el juez en lo penal tributario Javier López Biscayart pidió la grabación, el abogado primero dijo que no la había presentado porque creía que no tenía valor judicial. Después sostuvo que había traspapelado los discos.

La cinta original nunca apareció. En un allanamiento en Skanska, los técnicos revisaron las carpetas de Auditoría y no encontraron nada. Luego Corizzo mencionó otro directorio, el de análisis de riesgo, y ahí aparecieron copias del original y de la versión editada, guardadas con fecha posterior a su primera declaración.

La parte contable es sólida y no se discutió. Entre mayo de 2005 y marzo de 2006, Skanska emitió 96 cheques a 23 proveedores por unos $14 millones, según quedó asentado en la sentencia. La elevación a juicio de Casanello llegó en septiembre de 2019 y el debate oral comenzó en abril de 2024.