El Gobierno removió a la titular de dos registros automotores de Lomas de Zamora por $117 millones
La resolución del Ministerio de Justicia, publicada en el Boletín Oficial, detectó fondos sin transferir al Estado entre julio de 2024 y febrero de 2025.

El Gobierno removió a la titular de dos registros automotores de Lomas de Zamora tras determinar que no depositó fondos que debían transferirse a la Administración Nacional. La Resolución 551/2026 del Ministerio de Justicia, publicada este lunes en el Boletín Oficial, estableció un perjuicio fiscal que supera los $117 millones.
La sanción recayó sobre Marta Elena Castañón, responsable del Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Lomas de Zamora N.º 5 y del Registro Seccional con Competencia Exclusiva en Motovehículos Letra A. La medida puso fin a un sumario iniciado en 2025 por irregularidades en la administración de ambas seccionales.
El documento oficial reprochó a la funcionaria el "incumplimiento de la obligación de depositar íntegra y oportunamente en favor de la Administración Central los remanentes de recaudación correspondientes a las liquidaciones de emolumentos". Las irregularidades abarcaron distintos períodos entre julio de 2024 y febrero de 2025 y en algunos meses superaron los $18 millones.
En su defensa, Castañón sostuvo que la omisión de los depósitos no obedeció a una maniobra de apropiación o desvío de fondos, sino a una situación de "imposibilidad económica derivada del desfinanciamiento" que atravesaba el registro a su cargo. También cuestionó la falta de respuesta a los pedidos para regularizar la deuda mediante pagos escalonados y afirmó que otros seccionales enfrentaban situaciones similares.
Ese argumento no prosperó. La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios informó que, dentro de un universo de aproximadamente 1.400 registros, solamente 14 presentaban deudas y 10 ya se encontraban sumariados.
La instrucción rechazó esos planteos. Según la resolución, los remanentes de recaudación "corresponden al Estado Nacional desde su percepción" y deben depositarse dentro de los plazos previstos por la normativa vigente. El expediente también cuestionó la interpretación de la funcionaria sobre el manejo de los fondos: la deuda acumulada "no ha sido realmente controvertida por parte de la sumariada, sino explicada desde una óptica que pretende ser exculpatoria".
Además, el texto afirmó que "la eventual diferencia negativa entre ingresos y egresos integra el riesgo propio de la gestión del Encargado y no autoriza, en ningún caso, a retener o aplicar a otros fines sumas dinerarias que debían ser giradas" al Estado.
La instrucción sumarial calculó inicialmente un perjuicio fiscal de $73,5 millones. Sin embargo, un informe técnico de la Sindicatura General de la Nación actualizó la cifra y concluyó que el daño económico ascendía a $117.246.510,53 al 15 de septiembre de 2026, monto calificado como de "relevante significación económica".
A partir de esa conclusión, el Ministerio de Justicia instruyó a las áreas competentes para realizar todas las gestiones administrativas y judiciales necesarias para recuperar los fondos. La resolución recuerda que los hechos son investigados en una causa caratulada "NN s/ Defraudación", que tramita ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional N.º 2 de Lomas de Zamora.
Al mismo tiempo, aclara que la vía administrativa no se encuentra agotada y que la exencargada podrá presentar recursos de reconsideración o jerárquicos para impugnar la medida. El caso se suma a otros expedientes por sumas millonarias que tramitan en la Justicia de Lomas de Zamora por indemnizaciones y por presuntas defraudaciones al Estado.
Por qué importa
El caso expone controles sobre la recaudación de los registros automotores, un circuito que maneja millones de pesos en emolumentos. La remoción y el pedido de recupero marcan un precedente para los encargados de seccionales que retienen fondos que corresponden al Estado Nacional.
Qué sigue
Castañón todavía puede presentar recursos de reconsideración o jerárquicos para impugnar la remoción. En paralelo, la causa por presunta defraudación sigue en el Juzgado Federal Criminal y Correccional N.º 2 de Lomas de Zamora, donde se definirá si la investigación avanza hacia imputaciones.
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