Sueños Compartidos: condenas en suspenso para López y los Schoklender, y absolución de De Vido

El Tribunal Oral Federal N°5 condenó este martes al exsecretario de Obras Públicas José López a 2 años y nueve meses de prisión en suspenso y a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, a dos años y ocho meses y dos años y cuatro meses respectivamente, por el desvío de fondos del programa Sueños Compartidos. El exministro de Planificación Federal Julio De Vido fue absuelto, al igual que otros cuatro imputados.

El tribunal también condenó al exsubsecretario Abel Fatala a 2 años y nueve meses y ordenó el decomiso de 206 millones de pesos, que serán actualizados al momento en que la sentencia quede firme y destinados a programas de vivienda social. Como las penas son menores a tres años y en suspenso, los condenados no irán a prisión: deberán cumplir reglas de conducta durante el plazo de la condena.

El fallo fue dictado por los jueces Adriana Paliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg, con disidencias cruzadas. Paliotti y Obligado formaron la mayoría que condenó a López, Fatala y los Schoklender. Obligado votó en disidencia respecto de la absolución de De Vido, mientras que Grünberg votó en disidencia la condena a los cuatro y acompañó a Paliotti en absolver al exministro.

La lectura se hizo en el subsuelo de Comodoro Py 2002, en una sala donde solo estuvieron los condenados y sus abogados. De Vido no asistió porque cumple condena en su casa de Zárate y el tribunal no permitió el ingreso de periodistas al sector destinado al público.

El veredicto llegó al filo de la prescripción: según la fiscalía, este martes se cumplen seis años desde el último acto interruptivo válido y la acción penal habría quedado extinguida. Los jueces rechazaron los planteos de prescripción y los pedidos de nulidad de las defensas.

El fiscal Diego Velasco y la Unidad de Información Financiera, como querellante, habían reclamado la pena máxima de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para De Vido, López, Fatala y los dos Schoklender, acusados de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública. Para los otros cuatro imputados, considerados partícipes secundarios, el pedido había sido de cuatro años.

En su alegato, Velasco describió un "plan criminal" diseñado desde el Estado nacional: las obras se adjudicaron en forma directa, sin licitación, a la fundación, y desde allí los Schoklender derivaron parte del dinero a sociedades propias. La representante de la UIF, Marianela Teich, habló de una "arquitectura delictiva" montada sobre la contratación pública.

Tras el veredicto, Sergio Schoklender cuestionó la decisión en la puerta de los tribunales. "Es un absurdo: no se animaron a decir que después de 15 años no cometimos ningún delito. Está probado que no. Esto es Comodoro Py, y no se animaron, después de 15 años, a reconocer el disparate que habían hecho", sostuvo. Y agregó: "No se desvió un puto fondo".

El tribunal absolvió a los exfuncionarios santiagueños Daniel Alfredo Nasif y Silvia Karina Nasif, y a los exfuncionarios de Planificación Federal Claudio Freidin y Carlos Castellano. El fallo no consideró la responsabilidad política de De Vido como ministro al decidir la firma de los convenios de construcción.

Los intendentes y gobernadores que firmaron esos convenios no llegaron a juicio porque habían sido sobreseídos. En 2019, el juez Marcelo Martínez de Giorgi había sobreseído a otros 25 imputados, entre ellos exgobernadores y la hija de Hebe de Bonafini, al considerar que provincias y municipios tuvieron un rol inerte frente a la exigencia nacional de contratar a la fundación.

El expediente se abrió en 2011, cuando estalló la pelea entre los Schoklender y Hebe de Bonafini, y recién llegó a debate oral el 4 de marzo de este año. Se investigó el destino de los fondos que el Estado giró entre 2008 y 2011 a la Fundación Madres de Plaza de Mayo por convenios firmados con el Ministerio de Planificación. De los casi 748,7 millones de pesos que administró la fundación, la acusación sostuvo que 206,4 millones fueron desviados hacia empresas vinculadas a los apoderados. Bonafini estuvo procesada hasta su muerte, en noviembre de 2022, y nunca se sentó en el banquillo.