CGT rechaza la reglamentación de la reforma laboral del Gobierno

La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó un conjunto de quejas contra la reglamentación de la reforma laboral que el Gobierno oficializó el lunes. La central obrera acusa a la administración de Javier Milei de avanzar sobre derechos e instituciones vinculadas con la libertad sindical, calificando al decreto reglamentario 407 como una "intromisión inaceptable en la vida interna de las organizaciones gremiales".

Entre los puntos más controvertidos figura la reducción del porcentaje mínimo de afiliados cotizantes requerido para que un sindicato dispute la representación mayoritaria en una actividad. El requisito bajó del 20% al 5%, una medida que, según la CGT, facilitará la creación de nuevas organizaciones sindicales y potenciará disputas por encuadramiento. El Gobierno, en cambio, justificó esta decisión argumentando que busca fortalecer la transparencia y ampliar la representatividad en los diversos ámbitos laborales.

La preocupación sindical se intensifica con la incorporación de límites a la representación gremial dentro de las empresas. La reglamentación estipuló que los cuerpos directivos de los sindicatos no pueden exceder una "razonable proporcionalidad con el número de afiliados cotizantes" en cada firma. Además, las organizaciones sindicales deberán presentar declaración jurada patrimonial al inscribirse ante las autoridades laborales, y se implementarán mecanismos para verificar la cantidad de afiliados mediante cruces de datos del SIPA.

Otro aspecto conflictivo vincula con la negociación colectiva. La reglamentación permite que hasta dos representaciones adicionales del sector empleador se integren en negociaciones que abarquen más de una jurisdicción, argumentando reflejar diferencias de productividad regional. La CGT interpreta que esta medida favorece la negociación de convenios por empresa por sobre los acuerdos de actividad que fijan condiciones uniformes para todo un sector productivo.

En un informe presentado por la delegación cegetista en la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, la central obrera también cuestionó el nuevo Fondo de Asistencia Laboral (FAL), mecanismo diseñado para que las empresas cubran indemnizaciones a trabajadores despedidos. El sistema entrará en funcionamiento desde noviembre y podrá ser utilizado por las compañías a partir de abril de 2027.

Los sindicalistas alertaron que el empleador tendrá la potestad de decidir si utiliza o no los recursos acumulados en la cuenta habilitada, pero no se garantiza el pago de la indemnización a los trabajadores. Además, los fondos son declarados inembargables, lo que impide a los trabajadores ejecutar los recursos si el empleador incumple con el pago de la indemnización.

La CGT sostiene que la reglamentación altera el espíritu de la Ley de Asociaciones Sindicales 23.551 al incorporar disposiciones que solo pueden ser definidas por el Poder Legislativo, según consta en el pronunciamiento de la central.

Fuente: Clarín.