Ciudadanía por inversión: el Gobierno lanza el programa y pide desde US$350.000
Caputo y Santilli presentaron en París un esquema con dos vías de aporte que empezará a recibir solicitudes a fines de 2026.

El Gobierno presentó el Programa de Ciudadanía por Inversión de Argentina, que comenzará a recibir solicitudes a fines de este año. El anuncio lo hicieron el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en el marco de la Argentina Week que se desarrolla en París.
El esquema contempla dos mecanismos para acceder a la ciudadanía. El primero es un aporte directo y no reembolsable de US$350.000 al Tesoro Nacional. El segundo permite suscribir un título público por US$800.000, creado para el programa.
“Hay un mundo en conflicto y la Argentina está afuera de esos problemas centrales”, afirmó Caputo en la embajada argentina en la capital francesa. El ministro sostuvo que el presidente Javier Milei representa la idea de que el país sea el “más libre del mundo” y aseguró que recogió mucho interés de inversores en obtener la ciudadanía argentina. “El pasaporte argentino cotiza muy bien”, remarcó, y aclaró que es aceptado en unos 140 países.
Caputo contó que la iniciativa surgió hace dos años en un viaje de Milei por Sun Valley, donde se reunieron con referentes de la industria tecnológica. Allí, según relató, hubo pedidos para lograr la ciudadanía argentina.
“Certidumbre, confianza, inversión y ciudadanía”, enumeró Santilli. “Es la Argentina que abre los brazos; hay muchos ciudadanos del mundo que quieren venir a invertir”, cerró el jefe de Gabinete.
Según informaron los funcionarios, también podrán aplicar los familiares del solicitante principal. Los cónyuges y los hijos de entre 18 y 25 años, siempre que sean solteros y no tengan hijos, podrán solicitar la ciudadanía con un aporte de US$100.000 al Tesoro Nacional. Para los menores de 18 años, el aporte será de US$25.000.
Una familia integrada por un solicitante principal, su cónyuge y dos hijos menores podrá pedir la ciudadanía argentina por un total de US$500.000.
Proceso de evaluación
El Gobierno anticipó que las solicitudes estarán sujetas a un proceso de evaluación destinado a preservar la seguridad nacional, la integridad del sistema financiero y el prestigio internacional de la ciudadanía argentina.
El programa incorporará estándares de due diligence (debida diligencia), transparencia financiera y gestión de riesgos alineados con las recomendaciones de la OCDE y el GAFI. Además, el Ejecutivo señaló que está siendo asesorado por un grupo de firmas internacionales especializadas en migración por inversión.
Todos los fondos deberán canalizarse a través del sistema financiero formal y cumplir con las normas de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y transparencia financiera. Los recursos obtenidos, según el anuncio, se destinarán a “continuar fortaleciendo la posición fiscal y financiera de la Argentina”.
La evaluación de las solicitudes estará a cargo de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, con la intervención de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF), el Ministerio de Seguridad y el del Interior.
El proceso incluirá la verificación de identidad, el análisis de la trazabilidad y licitud del origen de los fondos, la evaluación patrimonial y financiera, el análisis del riesgo jurisdiccional, la revisión de antecedentes penales y reputacionales y el estudio del historial migratorio. Una vez completada la evaluación, la Agencia enviará su recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones, que aprobará o rechazará cada solicitud.
Por qué importa
Argentina se suma a los países que venden residencia o pasaporte a cambio de capital. El programa busca fondos frescos para sostener la posición fiscal, pero queda expuesto a cuestionamientos por lavado y a la competencia de esquemas similares en el mundo.
Qué sigue
El Gobierno debe reglamentar el programa y definir los requisitos operativos antes de que la Agencia de Ciudadanía por Inversión empiece a recibir solicitudes a fines de 2026.
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