Malvinas: 60 empresas y personas bajo investigación por hidrocarburos en las islas

El Gobierno argentino inició procedimientos sancionatorios contra 60 personas y entidades vinculadas con actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas y sus espacios marítimos circundantes. La medida, informada en septiembre, alcanza a empresas que participarán directamente de esas actividades, a sus accionistas y a compañías que les prestan servicios. Se trata de investigaciones en curso, no de sanciones firmes para todos los involucrados.

En una primera tanda se comunicaron 45 casos y días después se sumaron 15 nuevos procedimientos. La cifra total expone un riesgo que ya no queda circunscripto a quien opera un proyecto: puede extenderse a proveedores, contratistas, financiadores y socios comerciales de esas compañías.

La medida se apoya en la Ley 26.659, que establece sanciones para quienes desarrollen actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina en la plataforma continental. La norma contempla multas, inhabilitaciones, suspensión de actividades y consecuencias específicas para las personas jurídicas.

El dato más relevante para las empresas es el alcance de la investigación. Una compañía puede quedar vinculada con una operación a través de sus accionistas, proveedores, contratistas, financiadores o socios comerciales, lo que obliga a revisar cómo se analiza una relación de negocios.

Durante mucho tiempo, la debida diligencia se concentró en verificar la existencia legal de un proveedor, pedir cierta documentación y revisar antecedentes básicos. Situaciones como la de Malvinas, junto con la evolución de las regulaciones internacionales, muestran que las empresas deben prestar cada vez más atención a su cadena de valor.

Las compañías necesitan conocer quiénes son los beneficiarios finales de sus contrapartes, qué sociedades integran sus grupos económicos, en qué proyectos participan, qué actividades desarrollan sus propios proveedores y qué medidas aplican para mitigar riesgos. También deben contar con mecanismos para detectar cambios: una relación comercial que parecía adecuada al momento de la contratación puede quedar expuesta por una sanción, una investigación o una modificación normativa.

El caso no significa que los proveedores de Vaca Muerta o de la minería queden automáticamente alcanzados por las mismas medidas. La relación es más concreta: muestra cómo un riesgo originado en una operación puede extenderse a través de su estructura societaria y su cadena de servicios. Vaca Muerta, la minería, la energía y la infraestructura reúnen proyectos de gran escala, múltiples contratistas y relaciones comerciales que atraviesan distintas jurisdicciones.

Una situación legal irregular, un incumplimiento ambiental, una denuncia laboral, una estructura societaria opaca o una relación con una entidad sancionada puede afectar la continuidad de un contrato, una auditoría, una decisión de financiamiento o la reputación de toda la cadena. Por eso, los grandes operadores buscan proveedores que puedan demostrar algo más que capacidad técnica.

La debida diligencia de cadena de valor también empieza a ser una condición para las empresas medianas y pequeñas que buscan ingresar a estos mercados. Los procesos de evaluación y aprobación de proveedores pueden incluir información societaria, financiera, laboral, ambiental y de integridad. En el sector minero existen registros y programas específicos orientados al desarrollo de proveedores y a la conducta empresarial responsable.

En un contexto de mayor control regulatorio, una empresa debe poder explicar cómo evaluó sus relaciones comerciales. La trazabilidad permite distinguir entre una organización que afirma gestionar sus riesgos y otra que puede acreditar cómo lo hizo. Esto requiere coordinación entre las áreas de compras, legales, compliance, finanzas, sostenibilidad y negocio, y exige actualizar la información durante la relación, en especial en proyectos de alta exposición.

No todas las relaciones comerciales requieren el mismo nivel de análisis. El criterio debe ser proporcional al riesgo. Una empresa que contrata un servicio menor no enfrenta la misma exposición que una compañía que participa en un proyecto energético, accede a beneficios fiscales o integra una cadena de suministro estratégica.

La gestión de riesgos en la cadena de valor no corresponde únicamente a las grandes compañías. También involucra a las empresas proveedoras, que deben poder acreditar quiénes son sus socios, cómo gestionan a sus terceros y qué controles aplican frente a un incumplimiento.