Clínica y ONG presentan versiones cruzadas sobre intervención en Villa Ballester

La Clínica Santa María de Villa Ballester y la Fundación Cigesar defendieron sus prácticas mediante comunicados fechados el 27 de abril, en medio de una investigación judicial que investiga hechos ocurridos en el establecimiento. Ambos textos permanecen pegados en la puerta del centro de salud, sin voceros disponibles para ampliar sus explicaciones.

Según el comunicado de la clínica, la Fundación Cigesar, presidida por el doctor Damián Levy, contrató únicamente el uso de infraestructura del establecimiento. La atención médica fue realizada por equipos propios de la organización. El texto vincula el episodio con la asistencia de una menor de edad identificada como S.A.F., víctima de una violación cuya causa tramita en Santiago del Estero.

La institución rechaza que realice prácticas de obstetricia. El comunicado subraya que el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires inspeccionó el establecimiento el mismo 27 de abril y que, según ese organismo, cumple con las normas vigentes y actúa dentro del marco legal. Consultados por este medio, los voceros de la clínica ratificaron que la relación con el médico Levy es estrictamente por alquiler de salas y equipamiento, sin vinculación con su estructura médica.

El segundo comunicado, emitido por la Fundación Cigesar, detalla que la atención a una paciente de 13 años se realizó en el marco de la Ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo. Sostiene que autoridades judiciales intervinieron para preservar material genético vinculado a una investigación de violencia sexual. El texto cuestiona la filtración de información a medios, que según la ONG, vulneró confidencialidad e indujo interpretaciones inexactas. La sede de la fundación en Caseros permanecía cerrada durante la investigación, con persianas bajas y líneas telefónicas inhabilitadas, pese a horarios de atención publicados hasta las 21.

La investigación comenzó a partir de un requerimiento de la Justicia de Santiago del Estero. Una menor de 12 años, víctima de una violación, cursaba un embarazo avanzado. Su traslado a la provincia de Buenos Aires, versiones contradictorias sobre el destino del bebé y el hallazgo posterior de restos biológicos en la clínica derivaron en la apertura de una causa judicial con varias líneas de análisis.

Según consta en actuaciones del caso, cuando personal policial se presentó en la clínica, las autoridades negaron inicialmente la presencia de la menor y su madre. Tras insistencias, se comprobó que ambas estaban internadas. La madre manifestó desconocer el estado del bebé y su paradero, lo que reforzó sospechas entre investigadores. Un juzgado federal ordenó el allanamiento del establecimiento, pero para ese momento la menor y su madre ya habían recibido el alta médica.

En la zona, las posiciones de vecinos son diversas. Algunos consideran que si las prácticas son legales dentro de la Ley 27.610, no debería haber controversia. Otros expresan inquietud por los procedimientos realizados y reclaman mayor claridad. Jorge Acuña afirmó que el hallazgo de restos biológicos en bolsas genera sospechas. Patricia Molina señaló que la legalidad no garantiza que todo esté bien ejecutado y demandó explicaciones más claras de las autoridades sanitarias.