Connecticut: desde el 1° de octubre rige la ley que limita los arrestos migratorios

La Legislatura de Connecticut aprobó este año la Ley Pública 26-14, una norma integral de rendición de cuentas que cambia de lleno los procedimientos de detención de inmigrantes en el estado. Una de sus secciones más sensibles entra en vigor el 1° de octubre: desde esa fecha, los agentes no podrán arrestar a una persona en los terrenos de tribunales ni en instalaciones estatales o municipales por una ofensa civil, como las infracciones migratorias.

La disposición alcanza a las fuerzas de seguridad locales, estatales y federales. Para concretar una detención de ese tipo, el oficial deberá notificar antes a un funcionario judicial y presentar documentación que acredite una orden judicial de arresto, una condena previa por delitos graves de clase A o B, o la inclusión de la persona en la Base de Datos de Vigilancia de Terrorismo.

El incumplimiento puede sancionarse como desacato al tribunal y habilita a la persona afectada a interponer una demanda civil para pedir indemnización por daños o reparación equitativa. La norma llega después de un año marcado por operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en cortes y juzgados de inmigración.

Otras partes de la ley ya rigen desde su aprobación. Los agentes que hagan arrestos planificados o interactúen con el público deben estar claramente identificados con su placa y su etiqueta de nombre en el uniforme. Además, la medida prohíbe el uso de máscaras o coberturas faciales que oculten la identidad, salvo excepciones médicas o de seguridad operativa específicas.

La norma también apunta a la inmunidad de los uniformados. Si un oficial comete un arresto falso o una detención ilegal mientras usaba coberturas faciales en violación de esta disposición, podría perder la inmunidad ante demandas de responsabilidad civil. La ley establece que ningún oficial o agente federal tendrá inmunidad penal en el estado por acciones bajo color de ley federal, a menos que la acción estuviera autorizada por la ley federal y fuera necesaria para el cumplimiento de sus funciones. También autoriza demandas civiles contra oficiales o empleados federales por la privación de derechos constitucionales.

El texto impacta, además, en las herramientas de rastreo. Prohíbe el uso de sistemas o datos de lectores automáticos de placas de matrículas (ALPR) para investigar presuntas violaciones migratorias o colaborar en cualquier actividad de control migratorio civil o penal. Tampoco permite recopilar datos de ALPR fijos en o cerca de organizaciones comunitarias sin fines de lucro que atienden principalmente a comunidades inmigrantes.

Por último, la medida veta que los oficiales compartan esos datos con agencias fuera del estado sin una declaración escrita que garantice que no se emplearán para investigaciones migratorias.