Un abogado explicó qué haría falta para cambiar la ley 287(g) y la cooperación con el ICE

El abogado de inmigración Haim Vásquez sostuvo que los convenios 287(g) y la cooperación de las policías locales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) solo pueden modificarse con decisiones legales concretas en Estados Unidos. Lo dijo en una entrevista el 10 de noviembre, después de que el presidente Donald Trump admitiera que su política migratoria “fue demasiado dura” al ser consultado sobre su plan de deportación masiva.

El especialista remarcó que un cambio en el tono de las declaraciones presidenciales no alcanza para alterar los operativos. Para que esa variación llegue a la práctica, explicó, hacen falta instrucciones precisas que se traduzcan en otra aplicación de la legislación migratoria.

El acuerdo 287(g) corresponde a una sección de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos. Según detalla el propio ICE, habilita convenios escritos para que agentes estatales y locales capacitados ejerzan determinadas funciones migratorias bajo supervisión federal. El alcance depende del convenio firmado y del modelo de participación que adopte cada jurisdicción.

Vásquez explicó que el mecanismo articula el trabajo del ICE con las fuerzas de seguridad locales. Sobre su obligatoriedad, el texto federal establece en el apartado 287(g)(9) que esa disposición carece de un mandato que obligue a los estados o sus subdivisiones a suscribir acuerdos. Es decir, la ley nacional no fuerza la firma.

Sin embargo, las legislaciones estatales pueden imponer obligaciones adicionales. La propia agencia federal reconoce que algunos estados aprobaron normas para exigir que sus fuerzas soliciten o celebren estos convenios, por lo que la situación de cada jurisdicción requiere revisar ambos niveles legales. En ese marco, el avance de las redadas y los operativos conjuntos sigue siendo un tema sensible para las comunidades migrantes, tal como ocurre con las cámaras corporales en Texas.

El caso de Texas es el más explícito. La SB 8 incorporó al Código de Gobierno obligaciones vigentes desde el 1° de enero de 2026. La sección 753.051 exige que los sheriffs de condados que operan cárceles, o contratan instalaciones privadas, soliciten y celebren acuerdos para ejercer funciones de aplicación de la legislación migratoria federal.

El texto contiene una precisión relevante: si un sheriff solicita el convenio y este no se concreta, debe volver a pedirlo al menos una vez al año. Además, debe presentar anualmente al fiscal general pruebas de sus intentos de incorporarse al mecanismo. La legislación también prevé subvenciones de entre US$80.000 y US$140.000, según la población del condado, para cubrir gastos de participación. Entre los usos autorizados figuran personal, equipos, capacitación y determinados costos de detención.

Consultado sobre un eventual giro político, Vásquez planteó que una variación en las prioridades de fiscalización podría influir en la relación entre autoridades estatales y gobiernos locales. Presentó esa posibilidad como una expectativa y sostuvo que las consultas recibidas por su despacho sobre detenciones y procedimientos continuaban sin cambios. “Yo creo que ahora mismo no es el momento de bajar la guardia”, afirmó.

Para las familias migrantes existe otra distinción clave: el apartado 287(g)(10) establece que ciertas comunicaciones y formas de cooperación con las autoridades federales pueden realizarse sin un convenio de delegación. Por eso, la ausencia de un acuerdo firmado tampoco permite concluir que una policía carezca de contacto con el ICE. El cruce de datos entre agencias, como el que el ICE hace con la TSA, muestra que la colaboración excede el papel firmado.

El abogado insistió en que las obligaciones estatales también cuentan y que cualquier cambio requiere revisar norma por norma. Mientras tanto, los operativos y las detenciones siguen su curso en el territorio estadounidense.