Corte Suprema de EE.UU.: qué definirá sobre el TPS de los venezolanos y cuándo

La Corte Suprema de Estados Unidos analizó el expediente 26-48, que define el futuro del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos, durante su conferencia privada del 28 de septiembre. En esa instancia los jueces estudian los pedidos pendientes y deciden cuáles recibirán tratamiento, pero no se divulgó una resolución inmediata sobre el programa migratorio.

La próxima fecha clave es el 5 de octubre a las 9.30 (hora del Este), cuando está prevista la publicación de la lista oficial de órdenes. Ese documento permitirá conocer de manera formal qué resolvieron los magistrados sobre la petición del gobierno de Donald Trump.

El caso, identificado como “Markwayne Mullin, Secretario de Seguridad Nacional, et al. v. National TPS Alliance, et al.”, llegó al máximo tribunal tras una serie de fallos en tribunales federales. La controversia arrancó con una extensión del TPS firmada en enero de 2025, que prolongaba la protección para los venezolanos hasta el 2 de octubre de 2026.

Después, la entonces secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, dejó sin efecto esa extensión y avanzó con la terminación de la designación. La organización National TPS Alliance y beneficiarios del programa llevaron el caso a la Justicia.

En septiembre de 2025, el tribunal de distrito falló en parte a favor de los demandantes y anuló las decisiones del DHS para revocar y terminar el programa. El litigio siguió en el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, que en enero confirmó ese fallo y sostuvo que la secretaria del DHS no tenía autoridad legal para anular una extensión ya concedida y vigente.

El gobierno estadounidense llevó entonces la disputa a la Corte Suprema. El procurador general, John Sauer, presentó el 9 de julio la petición de “certiorari” del expediente 26-48 y pidió anular la sentencia del Noveno Circuito para que el caso volviera a esa instancia.

La administración apoya su pedido en un fallo previo del propio tribunal. El 25 de junio, los magistrados resolvieron el caso Mullin v. Doe, vinculado con la posibilidad de revisar judicialmente decisiones sobre el TPS. Según la postura oficial, ese precedente impone una restricción amplia a la verificación judicial de determinadas decisiones del programa.

Por eso el gobierno pidió aplicar el mecanismo conocido como GVR: conceder la revisión, anular la sentencia anterior y devolver el expediente para su reconsideración. Los demandantes comunicaron en agosto que no se oponían a esa solicitud a partir del precedente de Mullin v. Doe.

Venezuela fue designada por primera vez para el TPS el 9 de marzo de 2021 y volvió a ser designada y extendida en octubre de 2023. El 17 de enero de 2025 se aprobó una nueva extensión hasta el 2 de octubre.