Curas villeros cuestionan el megaoperativo con 1500 policías en 15 villas porteñas

Los curas de villas y barrios populares de la ciudad de Buenos Aires manifestaron su preocupación por el megaoperativo simultáneo de seguridad que el gobierno porteño desplegó en la noche del jueves en unos quince asentamientos informales. Bautizado Tormenta Negra, el procedimiento incluyó el envío de 1500 policías, dejó 17 detenidos y sumó el secuestro de vehículos, la clausura de locales y la confiscación de mercaderías que en muchos casos representan la principal fuente de ingresos de los vecinos.

El operativo se concretó dos días después de la misa que los sacerdotes villeros oficiaron en la Plaza Constitución en solidaridad con las víctimas de la trata de personas y otras formas de exclusión, según confirmaron fuentes de la Iglesia porteña.

El gobierno de Jorge Macri fundamentó el despliegue y detalló que alcanzó a las villas 31, 21-24, Carbonilla, Fraga, Rodrigo Bueno, Mitre, 15 (Ciudad Oculta), 20 (Villa Lugano), INTA, Bermejo, Mugica, 1-11-14, Cildañez, Piletones y Fátima. La administración porteña sostuvo que el objetivo es “reforzar la seguridad y seguir trabajando en el ordenamiento del espacio público”.

En sectores de la Iglesia llamó la atención la coincidencia temporal. La misa de Constitución fue presidida por monseñor Pedro Cannavó, obispo auxiliar de Buenos Aires, en representación del arzobispo Jorge Ignacio García Cuerva. En su homilía, Cannavó convocó a “acompañar hasta que el otro se ponga de pie” y reivindicó el “trabajo digno” como eje de la celebración.

Durante la ceremonia se leyó un pronunciamiento del equipo de sacerdotes de villas y barrios populares, que había expresado su inquietud por las condiciones de vida en los asentamientos. “Nuestros vecinos quieren respetar la ley y están de acuerdo con el orden. Pero el Estado debe hacerse cargo de la realidad que vivimos históricamente”, advirtió el texto.

Los curas remarcaron que muchas villas carecen de ley de integración sociourbana, lo que genera particularidades que, según plantearon, el operativo no contempla: el uso del espacio público, la economía popular e informal, el endeudamiento familiar, la precarización laboral, la falta de empleo y la falta de espacio en viviendas precarias.

El pronunciamiento también pidió mejorar los canales de diálogo. “Tendiendo a mejorar la ley y el orden, debiera haber una mejor comunicación con los vecinos”, señalaron, y recordaron que los barrios cuentan con centros de salud, escuelas, comedores, capillas y organizaciones que pueden aportar a esa participación. Además, enumeraron deudas pendientes de obra pública: construcción de viviendas, mejoras en el tendido eléctrico, cloacas y pluviales.