El proyecto de "ley de soberanía nacional" que el Gobierno envió al Congreso y despertó alertas jurídicas

El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de "ley de la soberanía nacional" que, según advierten especialistas, excede la cuestión de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. La iniciativa articula dos conceptos amplios, soberanía y seguridad nacional, para crear un sistema que abarca no solo el territorio tradicional, sino también el ciberespacio y el espacio electromagnético.

El texto establece que ese sistema se define desde lo geopolítico como la "situación de hecho por la que se contribuye, junto a los socios y aliados, a la seguridad internacional". La redacción deja un margen amplio de interpretación y traslada el eje de lo jurídico a lo político.

Para su regulación y aplicación se crea un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el presidente e integrado por el jefe de Gabinete, los ministros de Economía, Defensa y Relaciones Exteriores, la Secretaría de Inteligencia y la Legal y Técnica. La conformación, según el análisis, revela una definición de política interna coyuntural, sobre todo por los actores que quedaron afuera.

El proyecto dispone que cada cinco años el Consejo elabore una estrategia y un Plan Nacional de Seguridad de las Infraestructuras Críticas. Define a estas últimas como "estructuras físicas, redes, sistemas o partes de estos, públicos o privados, indispensables para el adecuado funcionamiento de los servicios esenciales de la sociedad, la salud, la seguridad, la defensa, la economía y el funcionamiento efectivo del Estado".

La definición, deliberadamente amplia, abarca prácticamente todo. En ese punto aparecen las preocupaciones centrales: podría producirse un desplazamiento de funciones estatales hacia un nuevo organismo con enorme poder y alcance dentro del Estado. El Consejo no solo atraviesa transversalmente al Estado nacional, sino que además tiene alcance federal, porque el proyecto incluye a provincias y municipios con obligaciones de informar y hacer.

Al entramado se suma un régimen sancionatorio que abarca Estados y organizaciones extranjeras, y a cualquier persona que actúe en su beneficio. Las penas van desde multas pecuniarias hasta rescisiones contractuales, pasando por pérdidas de licencias y suspensiones administrativas, que en la práctica pueden significar el fin de la capacidad de actuar de los sancionados.

El texto remata con un régimen de medidas urgentes en el ámbito administrativo que permite al Consejo actuar de manera inmediata, con pocos recaudos. Resta ver cómo termina su aplicación, pero insinúa trámites exprés con escaso resguardo constitucional en materia de defensa en juicio y debido proceso.

"Puede ser apresurado, ojalá que sí, pero la redacción del proyecto lleva a pensar en advertencias y preocupaciones para los lectores atentos de Schmitt, Foucault y Agamben", sostiene el análisis. Detrás de la soberanía y la seguridad nacional podría tomar realidad el decisionismo como forma de gobierno, la biopolítica en toda su expresión o el estado de excepción permanente.

El proyecto merece un profundo debate en el Congreso de la Nación, con una mirada atenta que no se pierda en los grandes títulos.