La Justicia argentina bajo la lupa: por qué la clase política elige y remueve a los jueces

La Justicia argentina arrastra desde hace décadas un problema de fondo que las sucesivas reformas no lograron resolver: la clase política se reservó siempre la potestad de elegir a los jueces y, llegado el caso, de removerlos. Así lo plantea un análisis que repasa el funcionamiento del Poder Judicial y apunta contra el sistema de selección de magistrados como el origen de la lentitud, la incompetencia y la corrupción que lo aquejan.

El texto parte de una definición de Albert Einstein, quien describió la locura como la tozudez de repetir las mismas acciones esperando resultados distintos. Con ese punto de partida, el análisis cuestiona que tras innumerables intentos de reforma los beneficios prometidos sigan sin aparecer y que causas de enorme trascendencia permanezcan dormidas en el cajón de algún juez federal.

Entre los ejemplos mencionados aparece la causa de la AFA, paralizada desde hace diez meses y calificada como un manoseo institucional inadmisible. El análisis también apunta a los concursos judiciales, que en muchos casos premian a unos postulantes por encima de otros no por mérito sino por intereses creados, y recuerda que los jueces provinciales y federales, salvo excepciones, llegan a sus despachos de la mano de los gobernadores de turno.

El meollo del problema, según el texto, está en el mecanismo de selección y remoción. En el Consejo de la Magistratura la mayoría de sus integrantes proviene de los partidos políticos, y en el Senado, que presta acuerdo para los nombramientos, solo se sientan políticos. De ese modo, dos poderes, el Legislativo y el Ejecutivo, deciden el dato clave del tercero.

"La suerte de los jueces depende así de una casta que busca impunidad", sostiene el análisis, que describe a la Justicia argentina como transaccional: se cambian favores por el nombramiento de jueces que, en instancias clave, no sentencian de acuerdo con los códigos sino con los intereses en juego. Entre los nombres que menciona como ejemplo figuran Norberto Oyarbide, Ariel Lijo, Rodolfo Canicoba Corral, Walter Bento y Martín Poderti.

El texto también cuestiona que nunca se haya aplicado la ley de inversión de la carga de la prueba para juzgar a los cientos de diputados, senadores, gobernadores, intendentes, concejales y presidentes que llegaron a sus cargos con una mano atrás y otra adelante y salieron de la función pública multimillonarios. "Si se saca al zorro del gallinero, el giro que se obraría tendría dimensiones copernicanas", afirma.

Como propuesta, el análisis plantea reducir a una minoría la incidencia de la política partidaria en el nombramiento y la remoción de jueces, y reemplazarla por un jurado de notables elegido entre las academias nacionales, los colegios profesionales y los profesores eméritos de Derecho. El objetivo no sería eliminar toda la corrupción, algo imposible, sino reducir la impunidad de la clase política a su mínima expresión.

El debate sobre el funcionamiento del Poder Judicial atraviesa otros frentes abiertos en el país, como la transferencia de la justicia penal juvenil a la Ciudad de Buenos Aires que aprobó el Senado. En ese marco, el análisis concluye que ningún sistema es infalible, pero que sin cambios estructurales en la forma de designar y remover magistrados la impunidad seguirá siendo la regla y no la excepción.