El Senado aprobó la transferencia de la justicia penal juvenil a la Ciudad de Buenos Aires

El Senado de la Nación aprobó los convenios de transferencia de competencias penales y del fuero de menores a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La decisión salda una deuda pendiente con la autonomía porteña consagrada en el artículo 129 de la Constitución Nacional de 1994 y respaldada por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Desde el Poder Judicial de la Ciudad sostienen que la estructura local está en condiciones de absorber el nuevo volumen de trabajo. La herramienta central es la Ley 2.451, que establece el Régimen Procesal Penal Juvenil y contempla derechos específicos en materia de niñez y adolescencia, vías alternativas de resolución del conflicto y medidas alternativas a la privación de la libertad.

El traspaso coincide con un rediseño profundo del mapa judicial. La entrada en vigencia de la Ley 27.801 fija el nuevo régimen penal aplicable a los adolescentes: la baja de la edad de imputabilidad y la extensión de la punibilidad a nuevas figuras penales implicarán un aumento en el volumen de trabajo por la incriminación de nuevas conductas.

"Nuestro fuero se encuentra en plenas condiciones estructurales y operativas para absorberlo", aseguró el presidente de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas del Poder Judicial porteño. El magistrado remarcó que el fuero penal juvenil cuenta con especialización en la materia, tecnología de vanguardia, equipos interdisciplinarios, programas de acompañamiento, seguimiento de medidas y espacios especializados de entrevista.

La estructura local incluye además dispositivos territoriales, una red de trabajo con jóvenes y, en el ámbito porteño, centros socioeducativos y dispositivos cerrados. Según el funcionario, ese ecosistema ya está en marcha para afrontar los nuevos desafíos de la justicia penal juvenil.

El contraste con otras jurisdicciones es explícito. "Mientras las urgencias de infraestructura han llevado a otras jurisdicciones a demorar la aplicación de estas normas, nuestro Poder Judicial no sólo está en condiciones de asumir estas nuevas competencias, sino que se encuentra en inmejorables condiciones para hacerlo", sostuvo el presidente de la Cámara de Casación.

El sistema acusatorio local redujo los tiempos de resolución, según la descripción oficial. Los magistrados trabajan junto a equipos interdisciplinarios integrados por psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales que abordan el conflicto sin perder de vista la condición de personas en desarrollo de los jóvenes imputados.

La Secretaría de Infancias y Adolescencias acompañó más de 150 medidas penales juveniles durante el año, con el objetivo de que su cumplimiento tenga un sentido socioeducativo. Para el Poder Judicial porteño, esa cifra refleja el funcionamiento de un fuero que no parte de cero.

"El Senado de la Nación ha dado el paso que esta demora de tres décadas exigía", afirmó el titular de la Cámara de Casación. Y agregó que, al cumplir el mandato constitucional, la justicia porteña demuestra que es posible equilibrar la firmeza y la celeridad que la sociedad reclama frente al delito con un abordaje integral de las juventudes.