La 'Ley de nietos' española y el boom de argentinos que buscan el pasaporte

La conocida como Ley de nietos española volvió al centro de la escena. Se trata de la norma de Memoria Democrática sancionada en 2022, que reconoció el derecho a optar por la nacionalidad española a los descendientes de quienes perdieron o renunciaron a ella por el exilio, o de colectivos excluidos por discriminaciones históricas. La medida hace una excepción al Código Civil español, que establece que la ciudadanía se transmite de padres a hijos y que estos deben declarar su voluntad de conservarla entre los 18 y 21 años.

Del medio millón de pasaportes concedidos hasta agosto de 2026, 90 mil fueron para argentinos, el mayor incremento entre los países con más solicitudes. La cifra duplica las obtenidas en México y Estados Unidos, los siguientes en la lista de nuevos españoles.

El número llama la atención si se compara con otros datos. En 2025, según el Instituto Nacional de Estadísticas de España, 11 mil argentinos obtuvieron la ciudadanía por residencia en el país, un tercio de los venezolanos o colombianos y un cuarto que los marroquíes.

La disposición pasó desapercibida en un principio, como una medida más del programa “50 años de España en libertad”, que abarca desde la muerte de Francisco Franco hasta la transición a la democracia. Hasta que la campaña cerró con dos millones y medio de solicitudes de todo el mundo.

El incremento del padrón electoral ante unas inminentes elecciones ya había encendido una señal de alerta. La mayoría de estos nuevos españoles residentes en el extranjero fueron censados en Madrid y Barcelona, sin mayores indagaciones sobre los orígenes familiares. De concederse las más de seiscientas mil solicitudes presentadas en el Consulado de Buenos Aires, esta ciudad podría convertirse en la tercera española. El medio millón del censo actual ya la ubica entre las diez primeras, por encima de Murcia o Málaga.

Esas circunstancias llevaron al Tribunal Supremo a paralizar las altas en el censo electoral y suspender el derecho al voto de los ya inscritos hasta que acrediten documentalmente el exilio de sus familiares. El problema es que muchos no habrían tenido en cuenta el requisito. Al menos eso sugieren las entrevistas que esta semana dieron a medios españoles algunos solicitantes que hablaron de abuelos emigrados antes de la Primera Guerra Mundial, o que directamente admitieron no tener idea.

La Guerra Civil Española ocurrió entre 1936 y 1939 y el exilio político podría extenderse hasta 1950. El estudio El exilio español en la Argentina, de Dora Schwarzstein, accesible en la Biblioteca Cervantes, estima en 140 mil los exiliados después de la derrota republicana.

Solo unos 30 mil partieron a Hispanoamérica, de los cuales el 70% se instaló en México. Según la investigadora, la región no tenía políticas migratorias receptivas al bando republicano, como muestra la cercanía de Francisco Franco con Juan Perón, tanto en sus gobiernos como en su largo exilio.

Aun en el supuesto improbable de que todos los que no fueron a México se radicaran en la Argentina, el millón de solicitudes que recibieron los consulados argentinos a partir de la ley de 2022 implicaría una fecundidad extraordinaria. Las leyes de reparación histórica intentan recomponer una memoria perdida que, como tal, suele estar reñida con las evidencias.

El escritor Daniel Gascón planteó hace poco que “las leyes de reparación suelen enfrentar una paradoja: cuanto más intentan corregir las injusticias del pasado, más deben decidir quién pertenece realmente a la comunidad política del presente”. La memoria política necesita relatos, sin medir consecuencias. A mucha gente le alcanza un pasaporte con beneficios comunitarios.