EE.UU.: 23 estados impulsan leyes para frenar al ICE en las escuelas
Un relevamiento detectó 40 proyectos estatales en 2026 sobre la presencia de agentes migratorios en escuelas públicas K-12; 12 ya son ley.

Al menos 23 estados de Estados Unidos analizaron 40 propuestas legislativas durante 2026 para regular la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en escuelas públicas K-12. Doce de esas iniciativas se convirtieron en ley antes del inicio del ciclo escolar, según un relevamiento nacional difundido esta semana.
La mayoría de los proyectos tuvo orientación restrictiva: 35 de las 40 iniciativas buscaban limitar el acceso de agentes de inmigración a los establecimientos, proteger datos de estudiantes o fijar procedimientos para responder a pedidos federales. Una propuesta de Mississippi promovía la cooperación, mientras que el resto se concentró en capacitación, avisos o reglas administrativas.
El giro se produjo después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dejara sin efecto en enero de 2025 la guía que restringía operativos en lugares considerados sensibles, entre ellos escuelas, hospitales e iglesias. El organismo sostiene que el ICE no realiza redadas ni apunta a escuelas. Aun así, distritos y legislaturas comenzaron a definir protocolos ante la posibilidad de que agentes se presenten en un campus o soliciten información.
Massachusetts promulgó el 5 de agosto la ley PROTECT, que impide arrestos civiles de inmigración dentro de escuelas públicas, charter y vocacionales sin una orden judicial, y exige a los establecimientos adoptar políticas para revisar documentos y notificar a las autoridades. La guía oficial para escuelas K-12 también diferencia una orden judicial de una orden administrativa de inmigración y obliga a designar responsables para responder ante una visita federal. Oregon y Vermont fijaron reglas concretas en la misma dirección.
El mapa, sin embargo, sigue siendo desigual. Proyectos sobre sitios sensibles fracasaron en West Virginia, Hawaii y Kansas, y Tennessee tampoco aprobó sus iniciativas. En Minnesota se presentaron cinco proyectos y ninguno llegó a la etapa final durante el período analizado. El resultado es un mosaico de reglas que cambia según el estado y, en algunos casos, según el distrito escolar.
El relevamiento indicó que al menos ocho estados ya tenían alguna protección vigente al comenzar 2026. Las nuevas leyes se sumaron a esas normas preexistentes, pero no todas cubren los mismos aspectos: algunas se concentran en el ingreso físico de agentes, otras en la confidencialidad de expedientes y otras en la comunicación con las familias. El avance legislativo se da en paralelo a otras disputas por la cooperación con el ICE, como el debate en Doral sobre su acuerdo migratorio y las más de 1.260 leyes que debate Texas.
Para las familias inmigrantes, el fallo Plyler v. Doe de la Corte Suprema garantiza el acceso a la educación pública primaria y secundaria sin importar el estatus migratorio del estudiante, y las escuelas no pueden negar la matrícula por esa razón. Sin embargo, cada familia necesita consultar las reglas de su estado y de su distrito para saber quién recibe a un agente, qué documentos revisa la escuela y cómo se informa a padres o tutores.
Las normas estatales tampoco sustituyen el asesoramiento legal. Organizaciones de derechos civiles recomiendan conservar la información de contacto de la escuela, conocer su protocolo escrito y evitar entregar datos migratorios que no sean necesarios para la inscripción. Ante una consulta sobre una orden o un caso individual, corresponde recurrir a un abogado habilitado o a una entidad acreditada.
Por qué importa
Las leyes definen qué puede hacer un agente del ICE en un colegio y cómo se protegen los datos de los estudiantes. Para las familias inmigrantes, el protocolo de su distrito puede determinar si sus hijos asisten a clase con tranquilidad.
Qué sigue
Queda por ver cómo implementan las normas los distritos escolares y si las legislaturas que rechazaron sus proyectos vuelven a presentarlos en el próximo período. También resta definir cómo responden las escuelas a los pedidos federales de información.
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