La participación electoral cayó al nivel más bajo desde 1983 y alerta a la Cámara Nacional Electoral

La Cámara Nacional Electoral encendió una señal de alarma sobre la caída de la participación política en la Argentina. Las últimas elecciones legislativas nacionales, realizadas el 26 de octubre del año pasado, registraron el porcentaje más bajo de concurrencia a las urnas desde el retorno de la democracia en 1983: votó alrededor del 67,8% de los ciudadanos empadronados, cuando cuatro años antes el presentismo había sido del 71%, pese a que aquellos comicios se desarrollaron en plena pandemia.

El dato más llamativo del trabajo no pasa solo por la caída general, sino por lo que ocurre entre los más jóvenes. En la franja de 18 a 30 años, el ausentismo alcanzó el 34,5%, un salto considerable frente al 21,9% de 2023, el 27,9% de 2021, el 16,9% de 2019 y el 19,8% de 2017.

La tendencia también se refleja entre los jóvenes de 16 y 17 años, que no están obligados a votar pero sí tienen derecho a hacerlo. Ese voto joven fue incorporado al Código Nacional Electoral en 2012, mediante una ley que reconoció como electores a los argentinos nativos y por opción desde los 16 años, siempre que hayan actualizado su documento nacional de identidad desde los 14.

A la preocupante caída de la participación electoral se suma la marcada reducción de la tasa de afiliación a partidos políticos, particularmente entre los jóvenes

Junto con el ausentismo, la Cámara advirtió sobre un fenómeno menos visible: la reducción de la tasa de afiliación a partidos políticos. Aunque los jóvenes de 18 a 30 años representan la cuarta parte del electorado, solo uno de cada 14 afiliados a fuerzas políticas, el 7,2%, pertenece a ese segmento. Entre los de 16 y 17 años el dato es todavía más extremo: apenas el 0,01% está afiliado a un partido.

Para el organismo, esos números marcan una desconexión de la juventud con la política que excede las urnas y se extiende a la vida interna de las organizaciones partidarias. Un desafío para una dirigencia que, muchas veces, se resiste a la renovación.

En ese marco, los camaristas electorales iniciaron una ronda de reuniones con organizaciones no gubernamentales y especialistas académicos para analizar la caída de la participación y el alejamiento de los jóvenes, y coordinar acciones para revertirlo. De la convocatoria participaron entidades como Argentina Debate, la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, Conciencia, Cippec, la Fundación Universitaria del Río de la Plata, Pulsar, Chequeado, la Red Ser Fiscal, la Sociedad Argentina de Análisis Político, el Instituto de la Democracia y Elecciones y la UBA, además de empresas como Google y Meta.

El informe también reabre el debate sobre la obligatoriedad del voto. La Constitución nacional establece en su artículo 37 que el sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio, aunque el Código Nacional Electoral lo hace optativo para los mayores de 70 años y para los jóvenes de 16 y 17. Estudios internacionales, como los realizados en las elecciones distritales de Quebec, Canadá, en 2007, sugirieron que obligar a un joven a votar no incrementa necesariamente su atención ni su conocimiento sobre la política.

Quienes defienden la voluntariedad sostienen que, ante un régimen optativo, los partidos buscarán mejorar su oferta electoral y abrir sus puertas para que más ciudadanos participen. Del otro lado, advierten que reemplazar la obligación por la voluntariedad absoluta profundizaría el desinterés, y que cuando el voto se percibe como un deber más gente tiende a informarse antes de votar.

El texto plantea que se trata de un debate global que probablemente llegue a la Argentina una vez resueltas cuestiones más urgentes, como generalizar la boleta única a todo el país para terminar con el clientelismo y avanzar en la ficha limpia para mejorar la calidad de los representantes.