Financiamiento político: el 67% de los aportes es estatal y 145 empresas concentran el 59% del dinero privado

La discusión sobre cómo se financia la política volvió al centro de la escena con la reactivación del proyecto de reforma electoral del oficialismo, que propone reducir los aportes públicos y ampliar el margen del financiamiento privado. En la Argentina rige un sistema mixto: los partidos y las campañas se sostienen con fondos del Estado, aportes privados regulados y recursos propios de las agrupaciones.

El reparto promedio de los aportes declarados en las elecciones presidenciales entre 2011 y 2019 fue de aproximadamente 67% público y 30% privado, con un 3% de remanentes y rendimientos. Los datos de 2023 muestran proporciones similares: cerca de 67% y 32%, respectivamente.

El problema central no está en las normas, que son densas y establecen límites, topes, prohibiciones, bancarización y sanciones, sino en su cumplimiento efectivo. Persisten dificultades para saber de dónde viene el dinero, cómo circula, cómo se controla y qué ocurre cuando se incumplen las reglas. En términos técnicos, fallan la transparencia, la trazabilidad y el enforcement de los aportes.

Al analizar los aportes privados declarados en 2023 aparece una concentración marcada: 145 empresas, el 5,9% de los aportantes, reunieron el 59% del total, y la mayor parte fue a una sola fuerza, La Libertad Avanza.

Esa concentración se explica por las características del propio sistema argentino. El modelo otorgó históricamente un mayor peso al financiamiento público, mientras que los aportes privados quedaron sujetos a numerosas restricciones y exclusiones que reducen el universo de potenciales aportantes. El resultado es un financiamiento privado concentrado en pocas personas y empresas.

La comparación internacional aporta contexto. En América Latina predominan los sistemas mixtos con dificultades parecidas para el control y la rendición de cuentas. Estados Unidos, en cambio, se caracteriza por un fuerte predominio de aportes privados y un amplio margen para el gasto independiente. Un antecedente paradigmático es la campaña presidencial de Barack Obama en 2008: rechazó el financiamiento público para la elección general y recaudó US$745,7 millones en fondos privados, convirtiéndose en el primer candidato de uno de los principales partidos estadounidenses en prescindir de esos fondos para la instancia general.

El proyecto de reforma electoral presentado por el oficialismo en abril y reactivado en los últimos días volvió a poner el tema en agenda. La discusión por las PASO y, en menor medida, por la ficha limpia se llevan los flashes, pero también podría haber cambios en el esquema de financiamiento. Para el gobierno, la Argentina debería reducir los aportes públicos eliminando la publicidad gratuita en radio y TV y suprimiendo el tope de gasto de campaña. En aportes privados, se elevaría el tope por aportante del 2% al 35% del gasto permitido y se dejaría sin techo el gasto total.

La propuesta busca acercar el modelo argentino al estadounidense, priorizando los aportes privados y reduciendo el costo de la política que asume el Estado. El financiamiento público, en cambio, opera como igualador de la competencia: el fondo partidario se divide en un 20% de forma igualitaria y el 80% restante es proporcional a los votos obtenidos.

Ir hacia un sistema con mayor financiamiento privado puede traer ventajas: se reduce el costo para el Estado, porque una proporción mayor del costo de la competencia electoral dejaría de financiarse con impuestos, y los partidos dependerían menos del Estado y estarían obligados a trazar más y mejores vínculos con agentes de la sociedad civil, lo cual podría repercutir de forma positiva en términos de participación y representación política.

También es cierto que prescindir del financiamiento público podría afectar las condiciones de la competencia, en la medida en que los aportes privados parecen priorizar ciertas fuerzas por sobre otras.

El debate, de todos modos, no debería agotarse en el origen de los aportes y en si el sistema es mixto con preponderancia pública o privada. Cualquier reforma del sistema de financiamiento político debe poner el foco también en los mecanismos de control y de rendición de cuentas. Saber cuánto dinero entra a la política, de dónde y tener la capacidad de sancionar los mecanismos ilegales de financiamiento debe ser una prioridad si se busca una democracia con mayor transparencia y participación.