La reforma laboral de Milei no frena la pérdida de empleo registrado

La primera reforma laboral del gobierno de Javier Milei todavía no logró seducir a los creadores de empleo. Desde la sanción de la ley Bases, en julio de 2024, y la posterior ley de modernización laboral, de marzo de 2026, se destruyeron 143.458 puestos de trabajo registrados en el sector privado, según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). En paralelo, la informalidad avanzó con fuerza y ya alcanza al 45% de los ocupados.

El dato central surge del cruce de estadísticas oficiales. Desde la entrada en vigencia de la ley Bases se perdieron 106.927 empleos registrados, y con la ley de modernización laboral se sumaron otros 36.531. La tasa de asalariados no registrados creció de 36,4% a 37,9%, un fenómeno que el Presidente celebró pese a que se trata de trabajadores sin aportes ni derechos y con salarios muchas veces por debajo de convenio.

La informalidad sobre el total de ocupados pasó del 41,4% al 45% entre el segundo trimestre de 2024 y el mismo período de 2026, según la Encuesta Permanente de Hogares del Indec. Eso equivale a unos 574.000 ocupados informales más en dos años, en su mayoría cuentapropistas. A ese cuadro se suman 31.342 empresas cerradas desde el inicio de la gestión libertaria, en general pymes, y 163 Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC) activados hasta julio, apenas uno menos que en todo 2025.

Los PPC facilitan suspensiones y habilitan rebajas salariales e indemnizaciones a menor costo. En la Justicia avanzan a paso lento dos causas que investigan firmas adulteradas en esos procesos, denunciadas por los sindicatos de Comercio y Seguridad Privada, con sospechas sobre una maniobra que incluiría a funcionarios, empresarios y gremialistas.

El panorama se agrava en un contexto de recesión, salarios contenidos e inflación en alza. La desocupación pasó del 5,7% en diciembre de 2023 al 7,9% en el segundo trimestre de 2026, de acuerdo con el Indec. Milei relativizó la medición en LN+: “Subió la desocupación: 7,9 o 7,8. Bueno, no son números sustancialmente distintos a los que teníamos en 2023. Si se toma el promedio histórico, la desocupación argentina es de 9,8%, con lo cual tampoco tenemos un problema”, afirmó. Ese promedio incluye la hiperinflación de Raúl Alfonsín y la crisis de 2001-2002, cuando la desocupación superó el 20%.

Ni siquiera los sectores estrella del modelo libertario quedaron al margen. La minería y los hidrocarburos perdieron 7.613 puestos de trabajo, según un informe publicado hace dos semanas.

Polémica por el fondo para las indemnizaciones

A partir de noviembre se pone en marcha el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), creado por la nueva ley para financiar los despidos del sector privado con aportes del sistema previsional. Se nutrirá con el 1% de la masa salarial de las grandes compañías y el 2,5% de las pymes, será administrado por un banco o sociedad de bolsa elegido por cada empleador y solo podrá usarse para pagar indemnizaciones. El dinero estará disponible recién después de los primeros seis meses de aportes, por lo que las primeras desvinculaciones financiadas coincidirán con la campaña electoral.

Se estima que el FAL recaudará entre US$3.000 y US$5.000 millones anuales. Quedará bajo entidades habilitadas por la Comisión Nacional de Valores y la tutela de los ministros Luis Caputo (Economía) y Sandra Pettovello (Capital Humano). La oposición advirtió que desfinanciará al sistema de seguridad social: según el proyecto de Presupuesto 2027, su implementación reduciría un 7% los recursos del SIPA, con una caída de $4.363.550.000.000, equivalentes a 2.833 millones de dólares.

Un grupo de 12 diputados del PJ presentó un proyecto para derogarlo. “La mal llamada Ley de Modernización Laboral repite, con otro nombre, la lógica de las AFJP de los años noventa. El FAL constituye un sistema perverso: con los recursos de la seguridad social se pretende financiar las indemnizaciones por despido en el sector privado”, sostiene la iniciativa. También hay preocupación entre gobernadores cuyas cajas jubilatorias no fueron transferidas a la Nación y dependen de los giros de la Anses.