Misiones va a la Justicia para frenar la venta de tierras a extranjeros tras el fallo de la Corte

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, instruyó al Fiscal de Estado provincial a iniciar acciones judiciales para frenar la venta de tierras a extranjeros, después de que la Corte Suprema de Justicia revocara una cautelar y dejara otra vez operativo el artículo 154 del DNU 70/2023 de Javier Milei, que eliminó las restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

La provincia busca restablecer los límites que fijaba la Ley de Tierras Rurales, derogada por ese decreto. Passalacqua anticipó que la presentación la hará la Fiscalía de Estado y pidió una medida cautelar contra el artículo 154.

"Fiel a la postura que siempre sostuvimos en defensa de nuestro territorio y recursos naturales, y ante el reciente fallo de la Corte Suprema que habilita la libre adquisición de tierras a extranjeros, instruí al Fiscal de Estado a iniciar las acciones judiciales pertinentes para resguardar los derechos de Misiones en cada oportunidad y por todas las vías correspondientes", remarcó el gobernador en sus redes sociales.

El mandatario provincial puso el acento en la situación geográfica de Misiones. "Con más del 90% de frontera internacional, una biodiversidad única en el país y una matriz económica que pone al pequeño productor en el centro, no podemos permitir que nuestro suelo quede desprotegido. Cuidar la tierra misionera es un deber irrenunciable con nuestra soberanía y con nuestra gente", añadió.

Antes que Passalacqua, los diputados Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot también presentaron una cautelar para suspender los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023. "La tierra y el agua son recursos estratégicos, escasos y no renovables. Una decisión de esta magnitud no puede quedar librada a la voluntad unilateral del Poder Ejecutivo: tiene que ser discutida y definida por el Congreso de la Nación", afirmó Massot.

La polémica empezó el martes, cuando la Corte revocó un fallo que había frenado la derogación de la Ley de Tierras y dejó nuevamente vigente el artículo 154 del DNU 70/2023, que eliminó las restricciones específicas para la compra de tierras rurales por extranjeros.

La sentencia fue sorpresiva y llegó después de que el gobierno de Milei intentara modificar otra vez la Ley de Tierras a principios de agosto. Por la presión social, los aliados de la Casa Rosada en el Senado pidieron quitar el capítulo sobre el porcentaje de tierras que podían ser vendidas a extranjeros, impulsado más de cuatro veces por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Tras 15 modificaciones, Patricia Bullrich debió quitarlo y el Gobierno votó el proyecto de "propiedad privada", pero sin la extranjerización.

Después del fallo, la propia Corte emitió una aclaración: aseguró que su sentencia no impide que "toda persona que considere que el régimen legal de tierras es inconstitucional, peticione una medida cautelar, cuya procedencia decidirá un juez competente". Esa precisión abrió la puerta a las presentaciones de Misiones y de los diputados opositores.

Esta semana los jueces recibieron un aluvión de críticas. Incluso hubo una manifestación contra Carlos Rosenkrantz, quien habló en el "XXVI Encuentro de Jueces de Tribunales Orales" que se desarrolló en el Hotel Le Village de San Martín de los Andes.

En paralelo, en Diputados la oposición se organiza para voltear el decreto, que ya cuenta con el rechazo del Senado. El oficialismo y sus aliados aseguran que si lo hacen ahora generará un caos procesal y evalúan una estrategia para desactivarlo. La jugada opositora todavía es prematura: le faltan al menos 15 diputados para llegar al quórum e intentar voltear el DNU 70/2023.