Reclutamiento de mercenarios en Argentina: más de 50 combatientes enviados a Ucrania

Al menos 50 argentinos fueron reclutados para combatir en la guerra de Ucrania en los últimos nueve meses, según fuentes policiales y judiciales. Los grupos operan en el país y envían mercenarios en tandas, algunos de los cuales ya regresaron tras cinco o seis meses en el frente. La investigación reveló que los reclutadores prometían US$ 3000 mensuales y un seguro de US$ 400.000 para las familias, pero todo era falso: al llegar, les pagaban solo US$ 600 y les retenían los pasaportes.

La célula desbaratada recientemente estaba liderada por la expolicía bonaerense Griselda Inés Ortiz, detenida, y su pareja Jorge Otero, alias “sargento Trembo”, prófugo con pedido de captura internacional. Ambos están acusados de reclutamiento ilegal según el artículo 145 del Código Penal, que prevé penas de 5 a 10 años de prisión. Ortiz, quien se desempeñó como combatiente de primeros auxilios en Ucrania, se negó a declarar ante el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella.

La investigación, a cargo del fiscal federal Sergio Mola y los fiscales Alejandra Mágano y Marcelo Colombo de la Procuraduría contra la Trata y Explotación de Personas (PROTEX), comenzó el 29 de marzo cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria detectó a cuatro pasajeros con conductas de trata en el aeropuerto de Ezeiza. Viajaban a Estambul sin pasaje de regreso, sin dinero y sin saber quién les pagaba el viaje.

Los fiscales advirtieron que el fenómeno presenta “indicios de organización estructurada y transnacional”, con reclutadores locales que seleccionan perfiles, coordinan contingentes y gestionan viajes de ida hacia países limítrofes del conflicto. Además, alertaron sobre posibles mecanismos de servidumbre por deudas, ya que los reclutadores generan obligaciones económicas vinculadas al traslado y equipamiento.

Ortiz percibía casi US$ 400 mensuales por cada recluta, según fuentes oficiales. Viajó una sola vez a Ucrania el año pasado, mientras que Otero lo hizo en varias ocasiones. El expolicía federal, que había pedido la baja en 2017 y luego en la Policía de la Ciudad, está prófugo. La Justicia inmovilizó cuentas en criptomonedas y billeteras virtuales de la pareja, aunque sin saldos importantes.

En abril, los fiscales ya habían puesto el caso en conocimiento de la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados contra la Trata de Personas (Redtram), destacando la necesidad de medidas tempranas para detectar y prevenir esta modalidad delictiva. La dinámica incluye captación por redes sociales, promesas de retribuciones y la intervención activa de las víctimas en el conflicto armado, lo que podría configurar trata con fines de explotación laboral o servidumbre.

Fuente: Lanacion.