Sea Lion: el petróleo que avanza en Malvinas y la respuesta argentina

El yacimiento petrolero Sea Lion, ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, se prepara para entrar en su etapa decisiva. Descubierto hace dieciséis años, comenzará a producir petróleo en marzo de 2028 si se cumplen los planes anunciados. La decisión final de inversión para la primera fase fue adoptada en diciembre de 2025 por las empresas Rockhopper y Navitas, con un monto estimado en 1800 millones de dólares.

Las licencias fueron extendidas por el gobierno de las islas por 35 años y la producción podría prolongarse durante más de tres décadas. No se trata de una campaña exploratoria más: es el inicio de la extracción comercial de un recurso no renovable en un área bajo disputa de soberanía reconocida por las Naciones Unidas.

En estos dieciséis años, la Argentina sancionó legislación específica, declaró ilegales esas actividades, inhabilitó empresas y presentó protestas diplomáticas. Rockhopper fue declarada clandestina en 2012 y al año siguiente se la inhabilitó por veinte años. Navitas recibió sanciones equivalentes en 2022. Sin embargo, el proyecto siguió avanzando: en agosto, Navitas ejerció la opción para adquirir un segundo buque de producción con capacidad para sumar hasta 125.000 barriles diarios.

El gobierno argentino acaba de enviar al Congreso un proyecto de ley de defensa de la soberanía que endurece las sanciones contra quienes exploten recursos naturales sin autorización, alcanzando también a accionistas y proveedores. A esas acciones se sumó una decisión judicial: la Justicia Federal de Río Grande ordenó cautelarmente a Rockhopper y Navitas suspender las actividades vinculadas con Sea Lion.

El problema de fondo es la limitada capacidad de los instrumentos internos para modificar lo que ocurre en un área bajo control de hecho británico. Londres reafirmó que no reconoce jurisdicción argentina sobre las empresas que operan en las islas y que continuará respaldando su actividad económica, incluida la explotación de hidrocarburos, en contradicción con el llamado de las Naciones Unidas a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras la disputa permanezca pendiente.

Si el objetivo es impedir o condicionar la explotación antes de que comience, la estrategia argentina debería internacionalizarse. El país cuenta con más de seis décadas de construcción diplomática alrededor de la cuestión Malvinas. La resolución 2065 de la Asamblea General reconoció en 1965 la existencia de una disputa de soberanía y llamó a ambos gobiernos a encontrar una solución negociada. Otras dos resoluciones adquieren relevancia: la 3160 de 1973, que reclamó acelerar las negociaciones, y la 31/49 de 1976, que pidió a ambas partes abstenerse de adoptar decisiones unilaterales.

La etapa que ha alcanzado Sea Lion otorga a ese principio una nueva urgencia. Una iniciativa específica en la Asamblea General permitiría reafirmar las resoluciones existentes, advertir sobre las consecuencias irreparables y volver a colocar la negociación en la agenda internacional. Las recientes declaraciones de Donald Trump, ofreciéndose a intervenir en la controversia, introdujeron un elemento nuevo, aunque no implican un cambio formal de la posición estadounidense.

Existe otro terreno que la Argentina debería explorar: la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). Entre 2007 y 2011, como representante permanente ante las Naciones Unidas, acompañé la presentación que el país realizó en Nueva York a partir del trabajo de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (Copla). Esa experiencia permite conocer las posibilidades y los límites de la Convención.

Frente a Sea Lion, la Argentina podría solicitar al Tribunal Internacional del Derecho del Mar la adopción de medidas provisionales mientras se sustancia el procedimiento. El objetivo es claro: frenar la explotación antes de que el petróleo comience a extraerse. No hay garantía de que prospere, pero tampoco razón para renunciar de antemano a examinarla.

Un antecedente merece atención. Mauricio mantuvo durante décadas una disputa con el Reino Unido por el archipiélago de Chagos. En 2010 inició un arbitraje bajo la Convemar por la creación británica de un área marina protegida. El tribunal no aceptó utilizar la Convención para decidir quién tenía soberanía sobre Chagos. Es una advertencia importante. Pero el caso no terminó allí: Mauricio recurrió después a la Asamblea General de las Naciones Unidas.