Spagnuolo amplía su indagatoria por el fraude de 75 mil millones en la Agencia de Discapacidad

Diego Spagnuolo, exjefe de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), se presentó en los tribunales de Comodoro Py para ampliar su declaración indagatoria en la causa que investiga un vasto esquema de irregularidades y fraude dentro del organismo. El titular máximo de la agencia durante la gestión libertaria ya había sido indagado y procesado en este expediente, que revisa maniobras que significaron salidas de dinero por más de 75 mil millones de pesos.

La nueva citación surge de los hallazgos realizados por el fiscal Franco Picardi a partir del secuestro de teléfonos y el análisis de sistemas internos de compra. El magistrado Ariel Lijo, que actualmente entiende en el juzgado 11 donde tramita la causa, aceptó el pedido de ampliación de indagatoria presentado por la fiscalía. En la misma segunda tanda de citaciones participan alrededor de treinta personas acusadas de integrar una red de adquisición de medicamentos de alto costo y baja incidencia, en colusión con empresas droguerías.

Los nuevos elementos detectados por Picardi no se limitan al rubro de medicamentos. Según la investigación, las irregularidades se extienden también hacia la compra de insumos médicos. A partir del análisis de comunicaciones secuestradas, el fiscal identificó otras conductas irregulares que amplían el panorama del esquema investigado.

Spagnuolo fue procesado en febrero por cohecho activo (cobro de sobornos), fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público, según la decisión del juez Sebastián Casanello, que subrogaba el juzgado 11 hasta ese momento. Otros procesados en calidad de supuestos jefes de la red son Daniel Garbellini (exnúmero dos de la Agencia), Miguel Ángel Calvete y el médico Pablo Atchabahian.

La investigación se centra en el Siipfis (Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones), un mecanismo especial de compras para insumos médicos de alto costo que, según Picardi, fue manipulado por funcionarios y operadores externos. El fiscal sostiene que el sistema fue desviado en favor de un grupo selecto de empresas en detrimento de las finanzas públicas, mediante simulación de competencia, sobreprecios, direccionamiento de licitaciones y pagos ilícitos a intermediarios.