Un juez frena el cobro de US$100.000 para la visa H-1B que impulsaba Trump

Un juez federal de California puso un freno temporal al cobro de US$100.000 que la administración de Donald Trump quería aplicar a las peticiones de visa H-1B. La resolución, firmada por Haywood S. Gilliam Jr., del Tribunal de Distrito del Distrito Norte de California, cuestionó el procedimiento que usó el gobierno para implementar la medida y la dejó sin efecto hasta que se completen los pasos administrativos que exige la ley.

El fallo se dictó en el caso Global Nurse Force, et al. v. Trump e impide que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y las agencias vinculadas apliquen las políticas con las que se puso en marcha la tarifa, establecida mediante la proclamación presidencial 10973 y su extensión 11069.

El tribunal centró su análisis en la legalidad del mecanismo utilizado para crear y aplicar el cobro. "Los demandados ignoran la contundente evidencia de los demandantes de que no pueden permitirse pagar la tarifa en primer lugar", sostuvo Gilliam Jr. en el fallo. Para el magistrado, las agencias no evaluaron alternativas ni estudiaron con suficiente profundidad las consecuencias sobre empleadores e instituciones que dependen de trabajadores extranjeros especializados.

Uno de los ejes de la resolución fue la aplicación de la Ley de Procedimiento Administrativo. Según el tribunal, el DHS, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) actuaron sin realizar el proceso de notificación y recepción de comentarios públicos que correspondía.

"Este caso no trata sobre si la proclamación impugnada es buena o mala, o la respuesta política apropiada a las preocupaciones que describe. El Tribunal considera únicamente las cuestiones legales presentadas sobre si la proclamación y las políticas de la agencia resultantes exceden la autoridad constitucional y legal del Poder Ejecutivo", aclaró el juez.

La administración Trump sostuvo que sus directrices podían considerarse interpretativas y que, por lo tanto, no requerían ese procedimiento. El juez rechazó esa interpretación y concluyó que las agencias habían fijado condiciones nuevas para el pago de la tarifa y modificado las reglas aplicables a determinados trámites H-1B. También remarcó que no se analizaron alternativas al monto de US$100.000, como establecer una tarifa menor, aplicar el cambio de manera gradual o postergar su entrada en vigor.

La demanda fue presentada por empleadores y organizaciones de distintos sectores. Entre los demandantes hay empresas manufactureras, centros médicos rurales, escuelas públicas ubicadas en reservas indígenas, instituciones educativas de inmersión lingüística y organizaciones dedicadas al reclutamiento de personal sanitario.

Los demandantes argumentaron que asumir US$100.000 por trabajador no era financieramente viable para sus organizaciones. En el sector sanitario señalaron que el costo podía dificultar la incorporación de médicos y enfermeros especializados en comunidades rurales. En educación sostuvieron que la tarifa podía complicar la contratación de docentes bilingües y profesionales de educación especial, mientras que las empresas plantearon dificultades para incorporar ingenieros y trabajadores técnicos.

Como parte de su resolución, Gilliam anuló las políticas mediante las cuales las agencias habían puesto en marcha el cobro y devolvió el asunto al DHS para que cumpla con los procedimientos administrativos correspondientes. Mientras la orden permanezca vigente, las autoridades no pueden exigir la tarifa de US$100.000 bajo esas políticas.

El caso de California se suma a otro proceso judicial en Massachusetts, donde un tribunal también dejó sin efecto la medida por considerar que se trataba de un cobro que excedería las facultades otorgadas al gobierno federal. En Washington D.C., en cambio, un tribunal había rechazado un planteo similar, lo que anticipa que el conflicto podría terminar definiéndose en instancias superiores.