Trump promulgó el Secure America Act: US$31.075 millones para el ICE y la CBP

El presidente Donald Trump promulgó el Secure America Act, una ley que asigna US$31.075 millones al ICE y partidas millonarias a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en Estados Unidos. La norma se convirtió en la Ley Pública 119-98 el 10 de junio de 2026 y garantiza fondos disponibles hasta el 30 de septiembre de 2029.

El paquete cubre personal, transporte para expulsiones, tecnología, instalaciones y vehículos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. También financia los acuerdos 287(g) con autoridades estatales y locales, y paga a los abogados que representan al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en procesos de deportación.

La sección 102 suma US$7.450 millones para agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional, destinados a funciones distintas del control migratorio y aduanero. Para la CBP, la ley ofrece US$13.020 millones a agentes y personal de apoyo, más US$9.550 millones a la Patrulla Fronteriza.

Esos recursos tienen una restricción: no pueden usarse para reclutar, contratar ni capacitar “coordinadores de procesamiento” después del 31 de octubre de 2028. El texto fija así un límite temporal a una de las áreas de mayor expansión operativa de la agencia.

En tanto, el ICE debe destinar al menos US$350 millones a arrestar a ciertos adultos en jurisdicciones que no califican como cooperantes. Una jurisdicción es cooperante si tiene un acuerdo 287(g) vigente o una certificación de cumplimiento de normas federales de 1996. Ninguna tribu indígena se considera jurisdicción no cooperante, por lo que esos fondos no pueden usarse para liberar a esas personas salvo que la ley lo exija.

La sección 103 confirma la financiación de equipos de inspección no intrusiva con inteligencia artificial y aprendizaje automático. Incluye tecnología de vigilancia, plataformas aéreas y marítimas, y el sistema biométrico de entrada y salida. Parte del dinero se dirige a combatir el tráfico de sustancias, incluido el fentanilo. Las torres de vigilancia con capacidades autónomas solo pueden financiarse si la CBP las probó y aceptó.

El recorrido legislativo fue ajustado. El senador republicano Lindsey Graham, de Carolina del Sur, presentó el proyecto S. 2 el 20 de mayo de 2026. El Senado lo aprobó el 5 de junio por 52 votos contra 47 y la Cámara de Representantes lo hizo el 9 de junio por 214 contra 212. La firma presidencial llegó al día siguiente.

La norma se apoya en un esquema de financiamiento que ya venía creciendo por otras vías. El paquete habilita además herramientas de control que impactan de lleno en la población migrante, como las redadas del ICE en Florida y los operativos en jurisdicciones que resisten la colaboración con las autoridades federales.

El texto también consolida el rol de los gobiernos locales en la aplicación de la ley migratoria. Los acuerdos 287(g) quedan financiados de forma explícita, lo que amplía la capacidad de las policías estatales y de condado para detener a personas por su situación migratoria. Para los distritos que no firman esos convenios, la ley reserva un fondo específico de arrestos.

La puesta en marcha de los fondos y la forma en que las agencias los ejecuten definirán el alcance real de la normativa en los próximos años. El plazo de disponibilidad se extiende hasta 2029, con lo que el grueso del despliegue operativo quedará en manos de la próxima administración.