Una jueza ordena frenar arrestos migratorios sin orden judicial en Los Ángeles

Una jueza federal de Los Ángeles ordenó a los agentes migratorios dejar de realizar arrestos sin orden judicial cuando no hayan determinado antes que la persona probablemente escapará antes de que pueda obtenerse el documento. La medida alcanza a las operaciones de la Patrulla Fronteriza dentro de la jurisdicción del distrito y frena una práctica que los demandantes cuestionaron durante meses.

La decisión se apoyó en un dato central: cerca del 80% de los informes de arresto analizados no incluía una evaluación del riesgo de fuga o utilizaba argumentos genéricos para justificarla.

Los abogados de los demandantes revisaron 113 informes de arresto y sostuvieron que la mayoría omitía ese requisito o lo completaba con lenguaje vago. La ley federal autoriza los arrestos sin orden únicamente si el agente tiene motivos fundados para creer que la persona indocumentada puede escapar antes de obtener la orden. Los defensores afirmaron que los relatos escritos en las carpetas omitían esa evaluación obligatoria.

La jueza Maame Ewusi-Mensah Frimpong citó inconsistencias entre los informes gubernamentales y las grabaciones de las cámaras corporales de los agentes. En un caso puntual, el informe oficial aseguró que un trabajador identificado como “EGG” intentó huir durante una inspección en un lavadero de coches. El video del arresto contradijo esa versión: mostró que EGG permaneció en el mismo lugar desde que el agente ingresó al lavadero hasta que lo llamó.

La magistrada formalizó así la decisión tentativa que había anunciado en agosto y concedió una medida cautelar que impide realizar arrestos migratorios sin orden cuando los agentes no hayan establecido con anterioridad una causa probable individualizada de riesgo de fuga. El tribunal concluyó que existen pruebas suficientes de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) mantiene una política continua de arrestos irregulares en la zona.

La orden exige que los agentes consideren las circunstancias conocidas antes del arresto y documenten los hechos específicos que sustentan la conclusión de que la persona probablemente escaparía antes de obtener una orden. La jueza estableció además que la sola presencia irregular en el país no justifica un arresto automático sin la evaluación previa exigida por el estatuto federal.

La demanda colectiva contra el DHS surgió tras las redadas dirigidas en Los Ángeles por el exfuncionario Gregory Bovino. Los abogados del gobierno federal argumentaron ante la corte que esas operaciones masivas de captura cesaron desde febrero de este año. Los demandantes también presentaron grabaciones en las que agentes hablaban de detener a personas que ya tenían citaciones ante tribunales migratorios. Según los querellantes, algunos arrestos alcanzaron a personas cuyos antecedentes procesales indicaban que ya habían sido consideradas de bajo riesgo de fuga.

Las estadísticas del Deportation Data Project registraron casi 50.000 detenciones migratorias a nivel nacional durante julio de 2026, la cifra más alta de arrestos durante el segundo mandato del presidente Donald Trump. En otro operativo documentado en agosto de 2025, agentes federales descendieron de un camión comercial y arrestaron a personas en el estacionamiento de un Home Depot en Los Ángeles.