Uscis: la nueva regla de carga pública ya rige y define quién puede ser inadmisible

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) oficializó las directrices para determinar la inadmisibilidad de un migrante por la regla de carga pública, vigente desde el 18 de septiembre. Según el documento, los funcionarios deben evaluar cinco factores legales y la recepción de beneficios públicos sujetos a verificación de recursos antes de resolver una solicitud migratoria.

La guía se publicó el 18 de agosto, un mes antes de la entrada en vigor de la norma, y detalla los conceptos clave, los criterios de evaluación y las pruebas que se tendrán en cuenta. El criterio central: determinar la probabilidad de que el extranjero se convierta en una carga para el Estado.

Entre los elementos que los oficiales pueden considerar figura el Formulario I-864, Declaración Jurada de Apoyo Conforme a la Sección 213A de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), firmado por una persona que se compromete a usar sus recursos financieros para sostener al solicitante. También se admiten otros factores relevantes, como la recepción de beneficios públicos sujetos a verificación de recursos: asistencia en efectivo para el mantenimiento de ingresos, asistencia para vivienda, cupones de alimentos, ayuda financiera universitaria y prestaciones similares.

La fecha de recepción de los beneficios marca una diferencia sustancial. Para los beneficios recibidos antes del 18 de septiembre, el Uscis solo considera la asistencia pública en efectivo para el mantenimiento de ingresos y la institucionalización a largo plazo a expensas del gobierno. Para los recibidos después de esa fecha, se evalúan “todos y cada uno” de los beneficios.

La agencia revisará toda la evidencia relevante del expediente y resolverá caso por caso en función de la totalidad de las circunstancias. Así lo remarcó el organismo al precisar que no existe un criterio automático de exclusión, sino un análisis integral de cada solicitud.

La norma alcanza a determinadas categorías de migrantes que buscan regularizar su situación o tramitar la residencia permanente. En paralelo, otros grupos quedan exentos de la causal de inadmisibilidad por carga pública, según las directrices difundidas por el Uscis.

El cambio amplía los factores que el organismo puede ponderar al momento de definir si un inmigrante puede convertirse en una carga pública, un punto que genera inquietud entre comunidades migrantes y abogados especializados. La guía oficial busca estandarizar el modo en que los funcionarios aplican la regla en cada evaluación.