Abogados reclaman sancionar a jueces y eliminar los "acomodos políticos" en el Consejo de la Magistratura

El exjuez y expresidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal Ricardo Gil Lavedra cuestionó la "defensa corporativa" de los jueces en el Consejo de la Magistratura, donde señaló un ejercicio casi inexistente de sus facultades disciplinarias. Junto al abogado Guillermo Lipera, integrante de la lista Unidad en Defensa de la Abogacía, reclamó cambios en el reglamento de selección de jueces para evitar el "amiguismo" y las manipulaciones políticas.

La elección de consejeros abogados se realizará el próximo 20 de octubre, con un padrón de más de 100.000 profesionales. La lista lleva a Alberto Biglieri, Claudia Sarmiento, Eduardo Bittar y Jaminka Mihaljevic como titulares, y a Carlos Más Vélez, Ana O'Neill, Guillermo Lipera y Carolina Grillo como suplentes.

Gil Lavedra sostuvo que la falta de un sistema disciplinario sólido permite que "graves faltas de conducta, dilaciones inaceptables e irregularidades por parte de los jueces queden impunes o se resuelvan con meras llamadas de atención o sanciones simbólicas, resquebrajando la legitimidad y la confianza pública en el sistema de justicia".

Los candidatos denunciaron que la discrecionalidad aplicada durante las entrevistas personales de los concursos para jueces rompe de "forma escandalosa los órdenes de mérito técnicos". Según plantearon, postulantes ubicados en posiciones relegadas tras los exámenes escritos ascienden de manera arbitraria a los primeros lugares por afinidades partidarias o relaciones personales.

Para revertir esa dinámica, la lista propone llevar al ámbito nacional una representación profesional, plural e independiente. El objetivo central es que la abogacía neutralice tanto las presiones de la política partidaria como los sesgos corporativos de la judicatura.

Ambos prometieron mecanismos de transparencia activa e innovación tecnológica, auditorías permanentes sobre el desempeño de los tribunales y la creación de un tablero de control de gestión público dentro del Consejo. Lipera remarcó que el organismo administra cuantiosos recursos y cuenta con más de 1000 empleados, sin brindar estadísticas sobre la carga de trabajo, la duración real de los juicios o el uso de los presupuestos.

"Uno puede encontrar por internet cualquier servicio que presta el Estado. ¿Podés encontrar qué carga de trabajo tiene cada juzgado o cuánto tarda un expediente? No", afirmó Lipera, que atribuyó esa opacidad a la resistencia de ciertos sectores judiciales a ser auditados. Además, plantearon que tanto los jueces como los legisladores que asuman como consejeros soliciten licencia obligatoria en sus cargos para dedicarse con exclusividad a la función, de modo de estar en igualdad de condiciones con los abogados.

Gil Lavedra se refirió también al reciente fallo de la Corte Suprema que rechazó una medida cautelar contra el DNU 70/23 y revalidó la derogación de la Ley de Tierras. Dijo que el decreto de Javier Milei es "abiertamente inconstitucional" por su formato ómnibus y por referirse a asuntos ajenos a una emergencia. La sentencia, agregó, genera una "fuerte incertidumbre institucional" al no dejar claro qué normas rigen en el país.

Consultado sobre las expectativas electorales, Gil Lavedra señaló que espera que ingresen tres abogados. "En la elección anterior, por menos de 1800 votos, no pudimos colocar al tercer consejero. Hoy estamos más fortalecidos y la lista de unidad se encuentra más consolidada", explicó. Y pidió una alta participación porque "le otorga mayor legitimidad a la representación".

Sobre el perfil que encarnarán, Lipera apuntó a la atribución central del Consejo: dictar las reglamentaciones necesarias para una justicia independiente y eficaz. Mencionó que un juicio por accidente de tránsito dura cinco años y medio, cuando debería demorar mucho menos. Recordó que el Colegio propuso a la Corte un sistema automatizado de control de expedientes y que el Consejo lo rechazó.

Gil Lavedra sostuvo que la abogacía puede producir un equilibrio en el organismo y evitar el espíritu corporativo judicial. "Es un escándalo que se venzan los plazos y nunca se les pueda hacer un llamado de atención o una multa", afirmó. También marcó distancia de los alineamientos partidarios: dijo que los dos grandes bloques que respondían al gobierno de turno y a la oposición se debilitaron, y negó que vayan a alinearse con el estamento de los jueces.