Ley de tierras: el oficialismo espera un fallo de la Corte y arma un plan B en Diputados

El bloque de La Libertad Avanza (LLA) en Diputados aceleró sus movimientos para contener la avanzada opositora sobre la Ley de Tierras. Con ese objetivo, convocó a una comisión para debatir el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya tiene media sanción del Senado, y evalúa incorporarle un capítulo o una disposición sobre la venta de campos a extranjeros. La jugada busca desactivar la sesión especial que los bloques críticos convocaron para el 15 de octubre.

En paralelo, el oficialismo mira a la Corte Suprema, que podría resolver en las próximas horas un pedido de medida cautelar que, de prosperar, restablecería los límites a la adquisición de tierras por parte de extranjeros. El máximo tribunal convocó a un acuerdo para las 9 de este viernes, según trascendió. Una definición favorable le permitiría al Gobierno atender el reclamo de sus aliados sin pagar el costo político de volver sobre sus pasos.

Los libertarios ya sufrieron una derrota legislativa en el Senado, cuando debieron eliminar del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada los artículos sobre extranjerización de tierras y la modificación de la Ley de Manejo del Fuego. El debate quedó atravesado por una fuerte discusión sobre soberanía tras el episodio de la bandera de Malvinas agitado por la selección argentina durante el mundial, que reavivó el reclamo por las islas.

La intención explícita del Gobierno era eliminar las restricciones a la venta de tierras a extranjeros, una medida inicialmente frenada por una demanda del Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM). Días atrás, la Corte Suprema dejó sin efecto el fallo de inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023 tras cuestionar la legitimación de la entidad para promover acciones colectivas. El fallo de la Corte Suprema abrió el debate en el Congreso.

Esta semana, el tribunal dio una señal que podría dar vuelta el tablero. Convocó a dos conjueces designados por sorteo, los camaristas Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci, para tratar un planteo de la Asociación Civil Árbol de Pie vinculado con la Ley de Tierras. La ONG ambientalista reclama que la Corte precise si su reciente fallo tiene algún efecto sobre el expediente que impulsa, al sostener que su amparo no debería correr la misma suerte que el de los excombatientes, dado que invoca una legitimación diferente.

A ello se suma que el tribunal abrevió los plazos legales para pronunciarse sobre la cuestión, por lo que en menos de 24 horas estaría en condiciones de resolver el pedido de cautelar. Una decisión favorable abriría la puerta a restablecer los límites a la venta de tierras a extranjeros, en línea con el reclamo de Misiones.

Frente a este escenario, el Gobierno quedaría exento de retomar un debate incómodo durante el tratamiento en comisiones del proyecto sobre propiedad privada, previsto para el próximo miércoles a las 16, tras su giro a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General. En concreto, se ahorraría la difícil tarea de negociar no solo con sus aliados, sino también con la oposición más dura, los topes máximos a la compra de campos por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras.

La propuesta libertaria contemplaba originalmente elevar ese límite del 15% al 25%, pero no prosperó en la Cámara alta. Nada indica que hoy tenga margen para insistir con la misma fórmula. "El problema es que no puede ofrecer algo muy distinto de lo que ya ofreció en el Senado", advirtió un diputado con experiencia en estrategia parlamentaria.

Dentro de la oposición hay quienes dan por sentado que, a más tardar el martes, llegará un "salvataje" de la Corte. Mientras tanto, sostienen que los libertarios ensayan un "plan B" preventivo que consiste en incorporar el debate sobre la Ley de Tierras al tratamiento del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Si bien el oficialismo ya había dejado entrever que exploraba esta alternativa, la decisión terminó de tomar forma tras la presión de sus aliados del PRO, Provincias Unidas y el MID, que le exigieron una respuesta inmediata durante una reunión con representantes de LLA y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, convocada originalmente para discutir el Presupuesto. Pese a que suelen acompañar las iniciativas del oficialismo, dentro de estos bloques no había consenso para respaldar la eliminación de los límites establecidos por la Ley de Tierras. Algunos legisladores mantenían abierta la posibilidad de aportar al quórum de la sesión opositora del 15 de octubre.

Aunque los bloques críticos todavía estaban lejos de reunir los 129 diputados necesarios para habilitar el debate, la inacción del Gobierno corría el riesgo de inclinar a los indecisos a favor de la convocatoria, en medio de la presión política por otros temas sensibles, como morosidad y discapacidad, y la marcha universitaria en reclamo de mayor financiamiento prevista para ese mismo día.

De todas formas, pese al intento oficialista de desactivar la convocatoria, representantes de Unión por la Patria y Provincias Unidas ratificaron que bajarán al recinto para insistir con la sesión. "No podemos, no debemos bajarnos", sostienen. Además, hay quienes se ilusionan con reunir los apoyos necesarios para tratar la prórroga de la emergencia en discapacidad y la problemática de la morosidad, aun cuando no alcancen los votos para rechazar el DNU 70/23.