Absolvieron a un condenado por el asesinato de Santiago Aguilera en Córdoba e investigan al fiscal

La Cámara Federal de Casación Penal ordenó la absolución de Julio César Ramírez, condenado a 12 años de prisión por el secuestro y asesinato de Santiago Aguilera Allende en 2022, y giró el fallo a la Procuración General de la Nación para que investigue al fiscal federal Enrique Senestrari por irregularidades en la instrucción de la causa. El caso, que conmovió al oeste de Córdoba hace tres años, ahora se convierte en un escándalo judicial tras descubrirse que la prueba central utilizada para condenar a Ramírez era falsa.

El joven Aguilera, de 18 años, desapareció en agosto de 2022 en Villa Dolores. Su cuerpo fue hallado con quemaduras de cigarrillo, hematomas y cortes, signos de una tortura previa a su homicidio. Walter Gil fue detenido horas después del hallazgo, y tanto él como Ramírez fueron juzgados por secuestro extorsivo triplemente agravado por lesiones graves, por participación de dos o más personas y por la muerte de la víctima.

En junio de 2024, Ramírez fue condenado a cuatro años por encubrimiento agravado. Seis meses después, la Sala IV de Casación lo sancionó con 12 años de prisión como partícipe secundario del secuestro. La defensa apeló nuevamente, y los jueces Guillermo Yacobucci, Diego Barroetaveña y Ángela Ledesma anularon ese fallo al constatar que la prueba científica clave era falsa.

La fiscalía había sostenido que Ramírez ingresó a la cuenta de Gmail de Aguilera el día del asesinato, un dato que lo vinculaba directamente al delito, ya que el argumento de la acusación era que quienes secuestraban al joven accedían a sus cuentas para hacerse de dinero de sus billeteras virtuales. Una investigación posterior del fiscal Maximiliano Hairabedian demostró que quien accedió a esa cuenta fue Ramiro Julián Daverio, investigador judicial dependiente de la fiscalía de Senestrari.

Daverio reconoció que él ingresó a la cuenta de la víctima con un dispositivo oficial de la fiscalía para realizar una exportación de datos conocida como "Google Takeout". Explicó que las direcciones IP de la conexión podían coincidir con la de Ramírez porque se repiten en distintos clientes de Villa Dolores por el sistema de la proveedora local de internet. Esa coincidencia de IP fue presentada como evidencia de que Ramírez había accedido desde su casa.

El fiscal general de Casación, Raúl Omar Pleé, reconoció que el Ministerio Público actuó de modo "incorrecto" y pidió "sentidas disculpas" tanto a la familia de la víctima como a la de Ramírez. El fallo de Casación señaló que los hechos revelan "un escenario de singular gravedad institucional, tanto por las irregularidades denunciadas en el desarrollo de la investigación como por el impacto que ello proyecta sobre las garantías del debido proceso".

En su voto, el juez Barroetaveña destacó que el acceso falso al Gmail de Aguilera "repercute directamente en el marco fáctico-probatorio del caso" y que ese dato "ha quedado totalmente desvirtuado". Remarcó que todas las partes en la audiencia coincidieron en criticar la actuación del fiscal Senestrari y en reconocer que la responsabilidad penal de Ramírez no podía mantenerse.

El juez Yacobucci, en su voto, resaltó otra irregularidad: advirtió que una perito informática había afirmado que el acceso a Gmail se realizó desde una computadora con sistema operativo Windows, pero en la condena se dio por hecho que fue mediante manipulación del celular de Aguilera, que usa Android.

Ramírez fue puesto en libertad de inmediato tras el fallo de Casación. Estaba en prisión domiciliaria con monitoreo electrónico desde el 2 de enero pasado, tras una morigeración de condiciones por problemas de salud. Senestrari también enfrenta críticas adicionales de la querella por no haber indagado a Walter Gil cuando estaba detenido y la víctima aún vivía, lo que podría haber permitido obtener información para evitar el crimen.