Alivio y silencio en la Armada tras la condena condicional por el ARA San Juan

Con sorpresa y alivio se recibió en la Armada el fallo judicial que absolvió a tres oficiales superiores y condenó –con una pena de ejecución condicional– al capitán de navío Claudio Javier Villamide en el juicio por la tragedia del ARA San Juan. Sin embargo, la satisfacción no es plena: la sentencia generó posiciones encontradas dentro de la fuerza, admitieron fuentes navales. Frente al silencio de la conducción de la Armada, sectores que transmiten la posición de almirantes retirados lamentan la condena a un oficial superior.

Son varios en la Armada los que esperaban una absolución completa de los cuatro oficiales llevados a juicio, para evitar antecedentes que en el futuro les jueguen en contra a los oficiales que asuman la conducción de personal y medios. La preocupación expresada días atrás por sectores cercanos al Foro de Almirantes Retirados no fue acompañada con la misma energía por la conducción de la Armada, que encabeza el almirante Juan Carlos Romay.

En tanto, el Ministerio Público Fiscal, que había pedido penas de hasta cinco años de prisión para los cuatro marinos acusados, evalúa recurrir la sentencia a Casación cuando se conozcan los fundamentos, previstos para el 21 de agosto. Un detalle significativo que en la Armada no pasa inadvertido es que mientras las absoluciones tuvieron el voto unánime de los jueces, no ocurrió lo mismo con la condena a Villamide, que fue dispuesta por mayoría. “Iba a ser muy difícil que el tribunal absolviera a los cuatro oficiales”, confiaron a LA NACION fuentes de la Armada.

Con el antecedente de la condena a quien tuvo en sus manos la dirección de la Fuerza de Submarinos en el momento de la tragedia, si bien la pena es de ejecución condicional, se cortó en un tercer nivel de la cadena de mandos la responsabilidad por el naufragio. Quedaron exceptuados el entonces comandante de Alistamiento y Adiestramiento de la Armada, contralmirante Luis Enrique López Mazzeo, así como el capitán de navío Héctor Aníbal Alonso y el capitán de fragata Hugo Miguel Correa, quienes cumplían funciones en la Fuerza de Submarinos. Villamide compartió con todos ellos el desgastante proceso judicial. En cambio, no fue llevado a juicio el entonces jefe de la Armada, el almirante Marcelo Srur.

La Justicia tampoco posó su mirada sobre las autoridades políticas, de cuyas decisiones se desprenden los recursos que se asignan a las Fuerzas Armadas. Sectores navales interpretan que el fallo quiebra un paradigma no escrito, según el cual el comandante de un buque es el responsable directo de lo que suceda con su unidad. La sentencia desplaza esa carga al superior del comando o división naval, que para evitar riesgos administrará los recursos con criterios restrictivos. “Perseguir a la estructura superior en tierra invierte un principio elemental de la profesión naval y solo prospera ante una opinión pública que desconoce cómo funciona el comando en el mar”, explicó el presidente del Foro Argentino de Defensa, Santiago Lucero Torres.

Con su fallo, el tribunal concentró la exclusiva responsabilidad por el desenlace del submarino en el oficial de la Armada que fue destituido por el Consejo General de Guerra, un tribunal disciplinario que se constituyó durante la gestión ministerial de Agustín Rossi, en el gobierno de Alberto Fernández. Villamide fue el único marino sancionado por ese organismo, que argumentó “faltas gravísimas” al imputarle “negligencia por falta de cuidado o descuido de la tropa y del equipamiento a su cargo”. Ese castigo lo privó del grado militar, de sus haberes –su esposa recibe una pensión equivalente al 75% de sus ingresos– y le impide vestir el uniforme militar. El mismo Consejo de Guerra le aplicó al almirante Srur un arresto de 45 días.

Una de las perspectivas que asoman tras el fallo del Tribunal Oral Criminal Federal de Santa Cruz son las posibles demandas por resarcimientos civiles que seguirán a la instancia penal. En el juicio hubo reclamos de una reparación integral, aunque en lo inmediato se espera que la Fiscalía y las querellas se concentren en los recursos de apelaciones. Las familias de las víctimas no cobraron aún una indemnización por la tragedia, ocurrida hace ocho años y ocho meses. Hubo una ayuda económica que otorgó por ley el gobierno de Alberto Fernández, que exigía como condición la renuncia a todo derecho por indemnización de daños y perjuicios.