Adorni pidió más tiempo para explicar su patrimonio ante la Justicia

Manuel Adorni, exvocero presidencial y exjefe de Gabinete, solicitó una prórroga a la Justicia para responder por su patrimonio. La fiscalía habría detectado una veintena de inconsistencias en sus movimientos patrimoniales y le requirió explicaciones y documentación. Su defensa pidió más tiempo para presentar los papeles.

La controversia ya lo había obligado a abandonar la Jefatura de Gabinete el 27 de junio, cuando insistió en que no cometió delito alguno y que demostraría su inocencia ante la Justicia. La renuncia no cerró el caso: ahora el requerimiento fiscal conocido en estos días confirma que quedan explicaciones pendientes.

Adorni llegó al gobierno como uno de los fiscales más severos de la política argentina. Desde la vocería presidencial explicó el ajuste, denunció los privilegios de “la casta”, defendió la reducción del gasto público y se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de una administración que hizo de la austeridad un programa económico y una reivindicación moral.

Mientras millones de argentinos escuchaban que debían aceptar privaciones porque el país había vivido por encima de sus posibilidades, su propia vida comenzaba a exhibir signos distintos. Las informaciones que se sucedieron incluyeron compras de inmuebles, operaciones hipotecarias con acreedores inverosímiles, refacciones en una casa de descanso, vacaciones familiares en Aruba, un viaje a Uruguay en avión privado y consumos cuya magnitud despertó interrogantes sobre su correspondencia con los ingresos conocidos del funcionario y su esposa.

No es censurable que un funcionario sea rico, compre una casa confortable o lleve a su familia de vacaciones. La austeridad del Estado tampoco obliga a la austeridad privada de quienes lo administran. Pero exige algo más sencillo: que puedan explicar cómo pagaron lo que gastaron. Allí comienza el verdadero problema de Adorni.

Cuando compareció ante el Congreso, sostuvo que no había ocultado patrimonio. Poco después reconoció que él y su esposa habían mantenido fuera de sus declaraciones alrededor de medio millón de dólares. Explicó que se trataba de ahorros obtenidos antes de ingresar al Gobierno, parte mediante inversiones en criptomonedas, y admitió que durante años ahorraron dinero sin declararlo. Luego rectificó sus declaraciones juradas de 2023 y 2024.

La explicación podrá resultar jurídicamente suficiente. Políticamente, fue devastadora. El problema no reside solo en haber omitido una suma importante en una declaración patrimonial. Reside en haber construido una identidad pública alrededor de valores que, a la hora de aplicarlos a la propia conducta, parecen adquirir una flexibilidad sorprendente.

Una democracia sería muy pobre si el único estándar aplicable a sus funcionarios fuera el Código Penal. Porque no todo lo que no constituye delito resulta aceptable

Durante demasiado tiempo la Argentina toleró una curiosa división del trabajo moral. Los gobernantes dictaban las reglas y los gobernados debían cumplirlas. El gobierno al que perteneció Adorni prometió terminar con eso. De allí que el episodio resulte más grave que un problema patrimonial individual.

Quien proclama que viene a terminar con los privilegios no puede luego pedir indulgencia para los propios. Quien exige sacrificios debe ser escrupuloso al explicar su prosperidad. Quien denuncia la opacidad ajena no puede ampararse en ella cuando las preguntas se dirigen hacia él.

No hace falta determinar si hubo enriquecimiento ilícito para advertir esa contradicción. La Justicia quiere documentación. Adorni pide tiempo para aportarla. Pero no todo lo que no constituye delito resulta aceptable, y no hace falta una condena para que los ciudadanos se pregunten si estuvo a la altura de las reglas que él mismo reclamaba para los demás.

Cada vez que quien prometió ser distinto termina explicando que su caso también era especial, se destruye un poco más la confianza pública. Esa confianza es bastante más difícil de recuperar que el dinero. Adorni podrá explicar las veinte inconsistencias, pero habrá algo que ningún documento contable podrá borrar: quien convirtió la austeridad en discurso y la transparencia en exigencia terminó teniendo que explicar por qué su propio patrimonio y sus gastos provocaban preguntas que no podían responderse a simple vista.