Alerta máxima: la extradición que tensa la relación entre México y Estados Unidos

La relación entre México y Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más delicados por el diferendo en torno a la extradición de políticos ligados al crimen organizado. El reclamo proviene del Departamento de Justicia estadounidense, que exige el cumplimiento de un Tratado de Extradición firmado por ambas naciones y vigente, ante el daño en vidas humanas que esas redes y sus cómplices políticos provocaron en territorio mexicano. En este caso, quien atenta contra el derecho no es el gobierno americano sino el mexicano.

Ante la exigencia de cumplir una obligación jurídica internacional, cuyo rango es idéntico al de la Constitución, la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó de manera desconcertante. Por un lado, su gobierno dejó de repartir abrazos a los criminales. Por otro, cobija a los políticos aliados a los criminales insistiendo, según la lectura crítica, en que “no hay pruebas”.

La situación recuerda un antecedente de hace exactamente un siglo. En el verano de 1926, el gobierno estadounidense amenazó a México con una nueva acción militar, similar a las invasiones e intervenciones de 1847, 1914 y 1916. Las compañías petroleras americanas, recelosas de la Constitución de 1917, sostenían que la legislación sobre recursos naturales, en específico el artículo 27, atentaba contra sus derechos adquiridos. Los petroleros pagaron y propagaron la versión de que México iba camino a convertirse en una nueva Unión Soviética. El presidente Coolidge les prestaba atención y en los periódicos de la cadena Hearst se hablaba de castigar al “Soviet Mexico”. La guerra estuvo a punto de estallar.

El presidente Calles reaccionó con firmeza, prudencia y responsabilidad. Una operación de inteligencia planeada por el secretario del Trabajo y líder obrero Luis N. Morones sacó a la luz documentos que probaban los planes intervencionistas fraguados a espaldas del Congreso. El embajador Manuel C. Téllez prodigó esfuerzos para desmontar la bomba diplomática. Al mismo tiempo, representantes sensatos en Washington, como Fiorello H. La Guardia, y periodistas e intelectuales influyentes como Walter Lippmann y Carleton Beals persuadieron a Coolidge de que el nacionalismo mexicano era legítimo y no tenía que ver con el comunismo. Un nuevo embajador, Dwight Morrow, llegó a México en 1927 con la consigna de limar asperezas. La guerra no estalló y la relación resistió incluso la nacionalización del petróleo de 1938.

Ahora el cuadro es completamente distinto. Si esos políticos son inocentes, ¿no sería mejor que lo probaran en los tribunales? En lugar de dar inicio al proceso legal previsto en el tratado, el gobierno mexicano eligió la confrontación con su principal socio comercial, con quien lo une un vínculo económico y social que compromete la vida diaria de millones de familias.

Los mexicanos que viven en su país y los que viven en Estados Unidos necesitan un gobierno que los defienda. Pero la actitud defensiva no debe nublar el cuadro más amplio. Los vecinos distantes, que alguna vez fueron vecinos enemigos, llevan casi 40 años de una convergencia productiva, y los pueblos entre sí no tienen animosidad, sino deseo de convivir y de trabajar juntos. Los números no mienten, aunque la ideología, la ceguera o la mala fe los distorsione. Por eso cumplir, aunque sea de manera extemporánea, con el Tratado de Extradición es un imperativo histórico.

De corregir el rumbo, posibilidad remota, la presidenta de México tendría la autoridad política y moral para enfrentar los diversos problemas que implica tratar con un gobierno como el de Donald Trump. De no corregirlo, posibilidad cercana, pasará a la historia por haber provocado una crisis diplomática de consecuencias aterradoras. Por ahora no hay razón alguna para confiar en que actúe con sentido de responsabilidad. Pero que conste: estamos en alerta máxima.