Allanaron el Congreso de Chile por fraude en becas y alimentos escolares

Las autoridades de Chile allanaron la sede del Congreso Nacional y otras dependencias públicas en el marco de una investigación por presuntos actos de corrupción en el organismo estatal que administra becas y alimentación para estudiantes. Se investigan desvíos por hasta 15 millones de dólares.

La fiscalía informó que las diligencias se enmarcan en la indagación de graves delitos de corrupción asociados al Programa de Alimentación Escolar (PAE), así como presuntas irregularidades en los procesos de licitación.

“Llevamos a cabo una diligencia intrusiva bastante relevante para la investigación que seguíamos, que tiene relación con varios delitos que se están investigando: fraude al fisco, sobornos, cohecho, lavado de activos, tráfico de influencias, entre otros delitos de corrupción”, explicó a los periodistas la fiscal Constanza Encina.

El operativo, coordinado por la fiscalía y la brigada anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI), se realizó de forma simultánea en diversas oficinas públicas y privadas de la región Metropolitana, donde está la capital Santiago, y Valparaíso, sede del Congreso. También se llevaron a cabo registros en las ciudades de Iquique, Copiapó, La Serena y Coyhaique.

Las diligencias incluyeron entradas y registros para incautar dispositivos electrónicos, como teléfonos y computadoras, y autorizar el acceso, extracción y análisis de correos electrónicos.

El caso se centra en eventuales irregularidades en la adjudicación de millonarias licitaciones para la alimentación de miles de estudiantes, administradas por la estatal Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), dependiente del Ministerio de Educación.

Según la fiscal, las presuntas irregularidades habrían sido cometidas principalmente en los programas que atienden a la región de O’Higgins, en la zona central de Chile, aunque los investigadores creen que la “investigación va a dar cuenta de que también ocurrió en otras regiones del país”.

“Logramos obtener todos los medios que necesitábamos”, puntualizó Encina, y adelantó que las pesquisas se desarrollan en carácter reservado. El siguiente paso es analizar el material incautado para decidir si se presenta una denuncia formal ante los tribunales.

Encina confirmó que entre los investigados figuran parlamentarios, pero no reveló más detalles para no afectar la investigación.

Por su parte, el jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI, David Castro, indicó que se desplegaron más de 80 policías a nivel nacional. “Se logró finalmente la incautación de diferentes dispositivos móviles, como computadoras, teléfonos y también documentos de relevancia”, dijo.

La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por la propia Junaeb en mayo pasado, cuando el director nacional de la institución, Fernando Peña, remitió al Ministerio Público sus sospechas sobre “hechos graves” detectados en los procesos de licitación, que apuntaban a un “eventual fraude de fisco, delitos de prevaricación, negociaciones incompatibles y conflicto de intereses”.

“Somos los más interesados en que esto se aclare y que la investigación avance y no decaiga”, afirmó Peña en una rueda de prensa tras conocer las diligencias.

Según la información brindada por Peña a la fiscalía, una auditoría interna arrojó anomalías calificadas como “gravísimas”, que apuntaban al pago de 14.000 millones de pesos (unos 15 millones de dólares) por raciones de alimento y comidas que nunca llegaron a los escolares.