AySA: la privatización se concreta el 17 de diciembre y el Estado cobra US$ 340,2 millones

La venta del 90% de las acciones que el Estado nacional tiene en Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) ya tiene fecha: el traspaso se concretará el jueves 17 de diciembre. Los nuevos dueños son los empresarios Walter Román y Mauricio Filiberti, que operarán a través de dos sociedades propias y una compartida, bajo el paraguas de un fondo de inversión neerlandés.

Antes de la firma, los compradores deberán pagarle al Ministerio de Economía US$ 340,2 millones. Esas divisas ingresarán a las arcas públicas para afrontar una parte de los vencimientos de bonos de la deuda pública previstos para el 9 de enero de 2027.

En las próximas horas se publicará en el Boletín Oficial la resolución que formaliza el cambio de accionistas de la empresa que presta los servicios de agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y en 26 partidos del conurbano bonaerense. El anuncio llega en medio del pedido judicial para frenar la operación, un frente que sigue abierto.

El consorcio adjudicatario está integrado por PHX Aqua (55%), Rowing (20%), Arcos Saneamiento e Participações (15%) y Transclor (10%). PHX Aqua se constituyó en agosto, un mes antes de la presentación de las ofertas, con un capital social de una libra en Inglaterra y un euro en los Países Bajos. Detrás aparece Phoenix Global Investment Fund, radicado en Curaçao, aunque en el mercado local atribuyen la sociedad a Román y Filiberti.

Rowing, de Román, y Transclor, de Filiberti, son hasta hoy los principales proveedores de bienes y servicios de AySA: ingeniería, reparaciones, energía eléctrica y cloro. La brasileña Arcos Saneamiento e Participações quedará como operadora técnica, con la experiencia que acumuló en Río de Janeiro. La privatización de la firma estatal es uno de los puntos calientes de la agenda de la puja por el futuro de AySA.

El equipo económico de Luis Caputo calculó además que el resto de las privatizaciones previstas dejará otros US$ 1.500 millones durante el año próximo. Con ese ingreso, el Palacio de Hacienda busca reforzar el frente externo y despejar parte del calendario de pagos.

La operación convierte a los dos empresarios en accionistas de la compañía que hasta ahora les compraba servicios. Esa doble condición, proveedor y dueño, es uno de los argumentos que aparecen en la discusión pública sobre la transparencia del proceso.

El desembolso de los US$ 340,2 millones quedará como la primera señal concreta del nuevo esquema accionario. La fecha del 17 de diciembre funciona como bisagra: antes de fin de año, el Estado dejará de ser el socio mayoritario de la empresa de agua más grande del país.