Almacenaba 45 toneladas de baterías de litio en su casa y fue condenado a prisión

Un hombre fue condenado a 18 meses de prisión por almacenar ilegalmente 45 toneladas de baterías de ion-litio en su vivienda y otras dependencias de su finca en la urbanización de Canalejas, en Otero de Herreros, España. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ratificó la sentencia, que también incluye una multa de 2.340 euros y una inhabilitación de 20 meses para trabajar con residuos peligrosos.

El caso se originó en 2023, cuando la Guardia Civil detectó movimientos inusuales de carga en la propiedad y descubrió el depósito clandestino. Según los peritajes, el material acumulado consistía en 30.998 kilos de residuo bruto, que luego se acondicionaron en 29.573 kilos netos de desecho. Para el traslado, las autoridades contrataron una empresa especializada y movilizaron seis camiones adaptados a la normativa ADR para cargas peligrosas.

El acusado intentó justificar su conducta argumentando que las baterías no eran residuos tóxicos, sino componentes funcionales para un proyecto de autoconsumo fotovoltaico. Sin embargo, los magistrados rechazaron esta postura y remarcaron que el estado de carga o la supuesta intención de darles una segunda vida útil no eximen al poseedor de cumplir con las habilitaciones administrativas. La clave del fallo fue que el imputado gestionaba material descartado por terceros sin ningún protocolo de seguridad ni autorización legal.

El riesgo para la salud pública fue determinante en la condena. Los peritos advirtieron que muchas baterías estaban sulfatadas o deterioradas y convivían con elementos combustibles, lo que creaba una amenaza latente de incendios incontrolables y fugas de gases tóxicos. Además, el tribunal destacó el peligro de contaminación del suelo y de las napas subterráneas de agua en la zona de Segovia.

La sentencia también obliga al condenado a hacerse cargo de los costos del traslado, saneamiento y disposición final del material decomisado. La defensa aún puede presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, aunque el fallo actual establece la responsabilidad directa del acusado en la puesta en peligro de la seguridad colectiva.

Este caso encendió las alarmas sobre la gestión de residuos tecnológicos y evidencia la necesidad de reforzar la fiscalización sobre el manejo del litio, un componente de alta inflamabilidad y potencial contaminante. La condena sienta un precedente legal relevante sobre los límites del almacenamiento domiciliario y deja en claro que las actividades privadas no pueden contravenir las normas de seguridad ambiental ni poner en riesgo la integridad física de terceros.