Bariloche: dos emprendimientos turísticos avanzan en reservas naturales y encienden el debate ambiental

Dos emprendimientos turísticos avanzan en el circuito chico de San Carlos de Bariloche y ponen a prueba el alcance real de la protección ambiental en la ciudad. Se trata de Cauma, en la reserva natural urbana Laguna El Trébol, y del proyecto previsto en el predio del antiguo hotel Osplad, dentro de la reserva natural urbana Lago Morenito-Laguna Ezquerra. Ambas áreas están categorizadas como "paisaje protegido".

Esa categoría no supone la intangibilidad del territorio ni prohíbe el desarrollo turístico, pero tampoco es una denominación vacía. La legislación de Río Negro admite actividades humanas y turísticas en estos paisajes, aunque exige prácticas de ordenamiento para mantener la calidad del paisaje. La protección, sostienen los especialistas, debe tener efectos concretos sobre la forma, la localización y la intensidad de las intervenciones.

El caso de Morenito-Ezquerra resulta ilustrativo. La ordenanza que creó la reserva en 2010 describió al Lago Morenito como un ambiente "altamente vulnerable", susceptible de ser modificado por un manejo intensivo o inadecuado de su cuenca, y reclamó una fuerte fiscalización de las intervenciones humanas.

Para elaborar su Plan de manejo, la Municipalidad encargó estudios a universidades nacionales. El informe de la Universidad Nacional del Comahue identificó entre las amenazas el incremento de la densidad poblacional y los "emprendimientos de gran envergadura", por sus posibles consecuencias sobre la fragmentación de los hábitats y la calidad del agua. Recomendó preservar grandes parcelas, bosques, lagunas y mallines, mantener corredores biológicos y limitar el incremento de la carga habitacional de la cuenca.

Esto no implica que cualquier emprendimiento sea incompatible con la reserva. Pero cuando se trata de un área especialmente protegida, debe acreditarse y fundamentarse la compatibilidad del proyecto con los objetivos de conservación que justificaron su designación. Así lo exige también la legislación ambiental, que obliga a incorporar esa dimensión en las decisiones públicas y a actuar conforme los principios de prevención y precaución.

Hay otra cuestión que las autoridades deberían considerar. Ambos proyectos pueden tramitar en expedientes diferentes, pero se localizan en un sistema ambiental estrechamente relacionado. El propio Plan de manejo de Morenito-Ezquerra incluye dentro de su área de influencia a la vecina reserva Laguna El Trébol, junto con el Circuito chico, el Lago Moreno y otros espacios vinculados. Los expedientes pueden ser dos, pero el territorio es uno y requiere un análisis integral y sistémico.

Por eso, además de evaluar cada proyecto por separado, resulta razonable exigir que se consideren los efectos que su coexistencia puede producir sobre los bosques, los cuerpos de agua, los corredores biológicos, las costas, los caminos y la infraestructura. Dividir administrativamente los proyectos no debería conducir a fragmentar la comprensión de sus consecuencias ambientales.

Bariloche requiere inversiones, empleo y desarrollo turístico. Precisamente por eso necesita reglas claras, previsibilidad y autoridades capaces de asegurar que las inversiones se adecuen a las características del territorio y no al revés. En áreas protegidas, las autoridades deben explicar de manera fundada por qué aquello que pretenden autorizar resulta compatible con los objetivos que llevaron a protegerlas.

Un paisaje protegido puede admitir desarrollo en la medida en que las propuestas sean armónicas con sus objetivos de conservación. Bariloche enfrenta ahora la oportunidad de demostrar que proteger su paisaje no significa impedir su desarrollo, sino establecer las condiciones para que este no termine destruyendo aquello que constituye su principal patrimonio.