Causa $LIBRA: el juez Martínez de Giorgi rechazó a Frade y Ferraro como querellantes contra Milei

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazó que los diputados nacionales de la Coalición Cívica-ARI Mónica Frade y Maximiliano Ferraro sean querellantes en la causa que investiga al presidente Javier Milei y a otras personas por un supuesto fraude con el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA. El fallo se conoció este lunes y profundiza el criterio restrictivo que el magistrado ya había aplicado sobre otros pedidos de particulares para intervenir en el expediente.

La decisión se suma a la que dictó semanas atrás y que la Cámara Federal confirmó hace cinco días, cuando rechazó que los inversores que perdieron dinero con el token puedan ser querellantes. En ese caso, la sala fue integrada por jueces designados este año por el Gobierno.

Frade y Ferraro habían presentado el pedido al argumentar que integran la comisión investigadora parlamentaria sobre $LIBRA y que allí pidieron incorporar como prueba el informe final de ese cuerpo, además del testimonio de Nadia Beller, expareja del consultor Fernando Cerimedo, preso en Bolivia.

Martínez de Giorgi explicó que la condición de legislador, por sí sola, no los habilita a constituirse como parte querellante. Entendió que la ley les exige acreditar un interés “directo, inmediato y personal” derivado del hecho investigado y que una vinculación genérica con la maniobra denunciada no resulta suficiente.

Según el fallo, los diputados invocaron como perjuicio la afectación del normal funcionamiento de la administración pública, la transparencia del proceso decisorio estatal y el ejercicio de sus funciones de control parlamentario. Pero el juez sostuvo que esas razones no los diferencian de cualquier otro integrante del Congreso ni del interés general que puede tener cualquier ciudadano en que se investiguen delitos contra la administración pública.

De aceptar ese criterio, advirtió, por el solo hecho de ser legislador “habilitaría a cualquier diputado a querellar en toda causa vinculada con el funcionamiento del Estado”, lo que no abarca la figura del “particularmente ofendido”. Tampoco alcanzó, según el juzgado, que ambos hubieran actuado como denunciantes originales, pues ese rol no los coloca automáticamente como querellantes.

El magistrado citó como antecedente el fallo de la Sala I de la Cámara Federal del 4 de septiembre, que confirmó la exclusión como querellantes de cinco inversores que habían comprado el token y se presentaron como damnificados. Eran Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Braian Emanuel Quintero, Matías Alejandro Paris y Martín Romeo, varios de ellos patrocinados por el diputado y abogado Juan Grabois.

Esa exclusión había sido dispuesta originalmente por Martínez de Giorgi el 3 de julio, a pedido de Mauricio Novelli, uno de los investigados en la causa como presunto intermediario entre la Casa Rosada y empresarios del mundo cripto. La Cámara ratificó la decisión con los votos de Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, que había jurado horas antes como camarista con nuevo acuerdo del Senado.

En su resolución sobre Frade y Ferraro, el juez mencionó otro antecedente de la misma causa cuando en febrero pasado ya se había aplicado el mismo criterio restrictivo sobre la legitimación para querellar. Con estas decisiones, el impulso del expediente queda solo en manos de la fiscalía a cargo de Eduardo Taiano.

Taiano había imputado a Milei el 22 de febrero de 2025 por abuso de autoridad, tráfico de influencias, estafa, cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública, a partir de las denuncias originales de Claudio Lozano, Gregorio Dalbón, la Coalición Cívica y de Grabois junto a Itaí Hagman. En abril de este año, la querella había pedido el llamado a indagatoria del Presidente, del entonces vocero presidencial Manuel Adorni y de otras 14 personas vinculadas al caso.

Frade y Ferraro podrían apelar el rechazo ante la Cámara Federal, el mismo camino que transitaron los cinco inversores excluidos, sin suerte. Por encima de ese tribunal, podrían recurrir ante la Cámara Federal de Casación Penal para intentar regresar al caso.