Bienestar Animal

Sedaron a una perra para bañarla y murió: deberán pagarle 17 millones a su dueña

La Justicia de Mar del Plata condenó a la veterinaria de Animalia por la muerte de Juanita, una bulldog francés, y fijó un precedente sobre la responsabilidad de los comercios.

Redacción••3 min de lectura
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Sedaron a una perra para bañarla y murió: deberán pagarle 17 millones a su dueña

Un fallo de la Justicia de Mar del Plata condenó a una veterinaria y al local de peluquería canina Animalia por la muerte de Juanita, una bulldog francés de siete años que murió tras ser sedada para un baño. El juez Bernardo Diez, titular del Juzgado Civil y Comercial Nº12, ordenó una indemnización de 17.164.000 pesos a favor de la dueña, Eva María Patricia Stadler.

La sentencia, dictada el 7 de abril de 2026, alcanza a la firma Miapet S.R.L., empresa detrás de Animalia, y a las responsables del establecimiento, Laura Liliana Cubecino y Gabriela Puente. El magistrado consideró que el comercio incumplió el deber de seguridad que exige la Ley de Defensa del Consumidor.

El hecho ocurrió el 17 de enero de 2023, cuando Stadler llevó a su perra a la sucursal de la avenida Constitución. Según el testimonio de la dueña, Juanita ingresó al local por sus propios medios y sin síntomas de enfermedad. Poco después, el personal la llamó para avisarle de una supuesta descompensación.

Stadler encontró a su mascota agonizante en el suelo del consultorio, bajo la supervisión de la veterinaria Puente. De acuerdo con el relato de la denunciante, la profesional no brindó la asistencia necesaria para salvar al animal y la muerte se produjo a los pocos minutos.

El juez descartó que la patología propia de la raza braquicéfala fuera la causa determinante del deceso. La necropsia realizada en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires reveló una causa traumática con lesiones en cuello y cabeza.

En su escrito, Diez sostuvo que el animal sufrió las consecuencias de un descuido grave en el sector de lavado, donde la posición inadecuada y el uso de arneses habrían provocado la disfunción venosa fatal. El fallo subraya que los responsables no probaron la idoneidad del procedimiento aplicado.

La resolución destaca que los animales son sujetos de derecho, seres sintientes con una función vincular fundamental para sus propietarios. En ese marco, la indemnización incluye 15 millones de pesos por daño moral, una cifra que refleja la valoración de la afectividad frente a la pérdida.

El resto de la suma se desglosa en el valor comercial del ejemplar, fijado en 1.500.000 pesos según valores de mercado con pedigrí, gastos veterinarios y 364.000 pesos en concepto de tratamiento psicológico para la dueña. A esos montos se suman intereses aplicados a tasa activa hasta llegar al total de la condena.

El magistrado ordenó además la remisión de los antecedentes al Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires para que la entidad evalúe posibles sanciones éticas o profesionales para los involucrados. La decisión se apoya en el incumplimiento contractual del servicio de peluquería y baño contratado.

La veterinaria rechazó siempre las acusaciones. Tras el hecho, los dueños del local calificaron el reclamo de falaz y negaron el suministro de sedantes. Aseguraron que la perra sufrió una descompensación repentina después de los servicios de higiene y que el personal actuó con inmediatez.

Pese a esos argumentos, la justicia civil determinó que el comercio falló en la protección del animal bajo su guarda. El fallo establece un antecedente para futuros conflictos legales sobre servicios veterinarios en Argentina y concluyó que la falla en el cuidado profesional derivó en un desenlace evitable y trágico para la propietaria.

Por qué importa

El fallo reconoce a los animales como sujetos de derecho y obliga a los comercios de servicios para mascotas a responder por la seguridad de los ejemplares bajo su guarda. Marca un precedente para reclamos similares en todo el país.

Qué sigue

El Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires deberá evaluar posibles sanciones éticas o profesionales contra los involucrados. La firma condenada puede apelar la sentencia ante la Cámara de Apelaciones.

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