Corte Suprema de EE.UU. define si mantiene detenidos a inmigrantes sin fianza

La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó revisar la política de detención obligatoria que la administración de Donald Trump aplica a inmigrantes sin papeles arrestados dentro del país. La decisión, formalizada el 1° de octubre, define si esas personas deben permanecer bajo custodia mientras se tramita su expulsión o si pueden pedir una audiencia de fianza ante un juez. El caso llegó al máximo tribunal por una apelación del gobierno en torno al ciudadano brasileño Ricardo Aparecido Barbosa da Cunha.

El conflicto gira en torno a qué artículo de la ley federal corresponde aplicar a quienes ingresaron sin inspección ni admisión, vivieron años en territorio estadounidense y fueron detenidos después. El Ejecutivo sostiene que rige la sección 1225(b)(2)(A), que ordena mantenerlos bajo custodia durante el proceso de deportación. Los tribunales inferiores, en cambio, aplicaron la sección 1226(a), que habilita a un juez de inmigración a evaluar cada situación y otorgar la libertad bajo fianza.

La controversia se originó con Cunha, que entró a Estados Unidos sin control migratorio alrededor de 2005 y permaneció en el país. En 2016 pidió asilo y obtuvo un permiso de trabajo. En septiembre de 2025, las autoridades migratorias lo arrestaron con una orden administrativa e iniciaron el trámite para expulsarlo. El gobierno consideró que debía seguir detenido sin derecho a fianza, y Cunha respondió con una petición de habeas corpus.

Un tribunal federal de distrito falló a su favor y ordenó una audiencia o su liberación. Un juez de inmigración determinó después que Cunha no representaba riesgo de fuga ni peligro para terceros, y autorizó su salida bajo fianza. La administración Trump apeló, pero el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito confirmó el fallo el 28 de abril. Los jueces señalaron que la norma de detención obligatoria no alcanza a personas como Cunha y que esa lectura coincide con una práctica sostenida durante unos 30 años y cinco administraciones presidenciales.

El procurador general D. John Sauer, en representación del gobierno, calificó la disputa como una “cuestión de importancia crítica en materia de derecho migratorio”. Sostuvo que el criterio oficial elimina un “incentivo perverso” que, según su postura, beneficia a quienes evitaron ser detenidos al ingresar frente a los interceptados en la frontera, y afirmó que estos litigios están “perturbando la administración ordenada de la ley de inmigración”.

Del otro lado, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) representa a los inmigrantes que impugnan esa interpretación. El abogado Michael Tan cuestionó el alcance de la medida y advirtió sobre sus consecuencias. El Segundo Circuito ya había alertado que una aplicación amplia del criterio oficial podría alcanzar a millones de personas.

El gobierno comenzó a aplicar esa lectura en julio de 2025, cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitió una guía sobre las facultades para mantener detenidos a quienes, según el Ejecutivo, ingresaron ilegalmente, incluso si llevan años viviendo en el país. La controversia no abarca a inmigrantes sometidos a otros regímenes especiales, como los condenados por delitos, que tienen reglas propias.

Las sentencias de los tres casos aceptados en esta instancia deberán conocerse antes de finales de junio de 2027, según el calendario del tribunal.