La Corte Suprema de EE.UU. devolvió el caso del TPS para venezolanos y las midterms presionan

La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió este lunes 5 de octubre el expediente sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de venezolanos. Los jueces concedieron la petición de certiorari, dejaron sin efecto la sentencia del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito y ordenaron devolver el caso para una nueva evaluación. La decisión llega a pocas semanas de las elecciones de medio término en ese país.

La fórmula utilizada corresponde al mecanismo conocido como GVR: conceder, anular y devolver. El Noveno Circuito deberá reconsiderar el conflicto a la luz del precedente fijado en Mullin v. Doe, 609 U.S. 324, el fundamento central que invocó el gobierno para pedir la revisión.

Se trata de una medida de carácter procesal. La orden no define en el documento si los venezolanos conservarán o perderán de manera definitiva el TPS. Las autorizaciones de empleo y las protecciones judiciales vinculadas con el programa estuvieron cubiertas hasta el 2 de octubre.

El conflicto llegó al máximo tribunal después de que el Noveno Circuito determinara que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había excedido sus atribuciones al intentar revertir una extensión del programa ya aprobada. En enero de 2025, el DHS había extendido por 18 meses la protección migratoria, con fecha final de vigencia el 2 de octubre de 2026.

Después, la entonces secretaria del DHS, Kristi Noem, intentó dejar sin efecto esa prórroga antes de su vencimiento. La National TPS Alliance y otros beneficiarios recurrieron a la Justicia. El 28 de enero, el Noveno Circuito concluyó que la legislación no permite al Poder Ejecutivo cancelar de manera retroactiva una extensión del TPS vigente, y el gobierno federal llevó la disputa a la Corte Suprema.

El 9 de julio, el procurador general John Sauer pidió aplicar el mecanismo GVR. La National TPS Alliance y los demandantes comunicaron en agosto que no se oponían al pedido bajo ese nuevo marco jurídico. Los magistrados analizaron el expediente durante una conferencia privada el 28 de septiembre.

La resolución coincide con la cuenta regresiva hacia las elecciones legislativas del 3 de noviembre. La posibilidad de nuevos litigios sobre votos, recuentos y certificaciones podría llevar a la Corte a intervenir en controversias electorales en un escenario de fuerte división política. Durante el verano boreal, los jueces ya habían intervenido en disputas sobre el voto por correo y los mapas electorales para evitar cambios de último momento.

"El tribunal es consciente del extraordinario politismo que impera en este momento", afirmó Jeffrey Rosen, profesor de derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington. "Si los magistrados consideran que existe una verdadera emergencia postelectoral, es difícil imaginar que no intervendrían si se les solicitara", sostuvo.

El escenario ocurre cuando la imagen pública del tribunal atraviesa un período de cuestionamientos. Una encuesta de la Escuela de Leyes de Marquette realizada en septiembre indicó que el 57% de los estadounidenses considera que los magistrados toman decisiones influenciadas por la política y no solo por la ley. El mismo sondeo ubicó en 43% la aprobación general de la Corte.