Curcio: docentes universitarios cobran la mitad de lo que deberían

Los docentes universitarios perciben apenas el 50% de lo que deberían cobrar según la ley de financiamiento vigente. Así lo aseguró el economista Javier Curcio, especialista en políticas fiscales y director del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en diálogo con este medio durante la cuarta marcha federal del sector.

La situación en el sistema universitario es crítica. El atraso salarial acumula una caída de entre 32% y 33% respecto a noviembre de 2023, período que marca la línea de base que debe respetarse según la ley. Curcio advierte que, de no aumentarse las partidas presupuestarias, el ajuste real podría alcanzar el 38% hacia fin de año.

La brecha entre lo presupuestado y lo requerido es significativa. El presupuesto 2026 aprobado contempla $4,8 billones, pero el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario exigiría aproximadamente $7 billones. Esa diferencia de entre $2,4 y $2,5 billones representa un 32% a 33% adicional que no fue considerado, especialmente grave dado que la inflación proyectada al aprobarse el presupuesto fue del 10% y actualmente ronda el 30%.

"De cada 2 pesos que deberían estar cobrando hoy los profesores universitarios, cobran 1 y el otro se lo queda el Ejecutivo al no estar cumpliendo con la ley", expresó Curcio. Subrayó que los gastos salariales representan casi el 90% del presupuesto universitario, lo que explica por qué el atraso en transferencias impacta tan profundamente en el sistema.

La reducción salarial en universidades prácticamente duplica el promedio del sector público nacional. Mientras que la caída promedio en el Estado es del 17%, en las instituciones de educación superior alcanza más del 30%. Esta disparidad está provocando lo que Curcio denomina un "descreme": profesores, especialmente los más calificados, abandonan la universidad o reducen su dedicación para buscar ingresos complementarios en el sector privado.

La consecuencia es el debilitamiento del recurso humano. "Los incentivos monetarios son cada vez menores, y eso va en contra de la posibilidad de sostener un sistema donde el recurso humano es tan importante como toda la educación", remarcó. En facultades como Económicas, donde existe oferta de trabajo externo, los docentes logran compensar parcialmente, pero en otras disciplinas e instituciones la situación es mucho más crítica.

Curcio plantea la necesidad de un acuerdo nacional que aborde temas estructurales del sistema universitario más allá del conflicto salarial inmediato. Propone debatir cómo racionalizar el acceso sin comprometer la gratuidad, cómo mejorar la asignación de recursos según demandas reales, y cómo evitar situaciones donde estudiantes se inscriben en múltiples carreras sin completarlas, desperdiciando capacidad institucional.

"Hay varias dificultades que son importantes para resolver y que permitirían administrar mejor los recursos", señaló. Entre ellas, organizar el acceso respecto de las plazas restringidas, garantizar que los mejores talentos se dediquen a la docencia, mantener la movilidad social ascendente sin pérdida de calidad, y evitar regresividades donde sectores desfavorecidos subsidien a estudiantes de mayores ingresos.

Sin embargo, Curcio advierte que estos debates no están sucediendo. "Se requiere una coordinación de ese debate por parte del Ministerio de Capital Humano y la Subsecretaría de Políticas Universitarias, que lamentablemente no se está dando", expresó. Considera que la crisis presupuestaria actual es una oportunidad perdida para discutir cómo administrar recursos escasos sin profundizar desigualdades ni comprometer la calidad académica.