Dalmasso y Nisman: cuando la Justicia fabrica culpables

Veinte años después del crimen de Nora Dalmasso, la Justicia acaba de destituir a los tres fiscales que investigaron el caso por actuar con una mezcla de ligereza, prejuicios y arbitrariedad técnica. En paralelo, esta misma semana se procesó a Viviana Fein, exfiscal del caso Nisman, por encubrimiento agravado tras su extrema negligencia en la escena del hecho. Ambas noticias convergen en un interrogante incómodo: ¿se trata de errores aislados o síntomas de un sistema estructuralmente permeable a la presión pública y la falta de profesionalismo?

La destitución de los fiscales llega cuando el caso Dalmasso ya está prescripto. El daño consumado hace dos décadas —la acusación injusta contra familiares sin pruebas— no admite reparación real. Los tres magistrados pasaron de acusadores a acusados, pero la pregunta permanece: qué los protegió durante todo este tiempo, ¿corporativismo judicial o complicidad estructural?

El caso Dalmasso es un manual de lo que no debe hacerse en la investigación de un femicidio. Los fiscales condenaron moralmente a la víctima. Alimentaron hipótesis sobre infidelidades y amantes que generaron morbo mediático. En lugar de resistir la presión social, salieron a fabricar culpables. Descartaron cotejos de ADN, omitieron pistas evidentes y formularon acusaciones sin fundamento.

Primero apresaron a un pintor sin conexión alguna al caso. La movilización popular contra lo que se llamó el "perejilazo" lo liberó. Luego, en el contexto electoral de 2007, la Justicia reorientó sus sospechas hacia la familia de la víctima. No había pruebas, pero coincidía con un clima social donde prejuicios y ansiedad colectiva moldeaban la investigación.

El patrón se repite en otros casos de alto impacto. En el crimen de García Belsunce, la investigación fue amateurismo puro. En el atentado a la AMIA, se destituyó a un juez por pago ilegal a testigo. En la desaparición de Loan, un comisario fue imputado por encubrir y desviar la investigación. Cada uno de esos casos terminó enredado en contradicciones, pistas falsas, procedimientos adulterados y peritajes inconsistentes.

Detrás de esta realidad hay policías y fiscales que manipulan información, que han perdido capacidad técnica y formación profesional. Pueden cometerse errores en el Derecho —no es ciencia exacta— pero el margen entre equivocación humana y negligencia extrema se ha excedido. El resultado son inocentes acusados sin pruebas, impunidad perpetua e injusticia irreparable.

La sociedad observa todo esto con resignación. El sistema judicial se percibe como algo frío, lejano, una burocracia que no impacta en la vida real de los ciudadanos. Sin embargo, allí se juegan destinos de millones: casos de familia, conflictos laborales, denuncias vecinales. El caso del médico Pablo Ghisoni, atrapado en una falsa denuncia, ejemplifica cómo los sesgos ideológicos pesan más que las pruebas.

La pregunta persiste: ¿la Justicia se autodepura o necesita una transformación profunda en la formación, integridad y calidad de fiscales y jueces? Las destituiciones de hoy son sanciones que llegan tarde, cuando el daño está consumado y la reparación es ilusoria.