Destituyen a tres fiscales por negligencia en el caso Nora Dalmasso

Un jurado de enjuiciamiento de Córdoba destituyó de sus cargos a los fiscales Francisco Javier Di Santo, Daniel Pedro Miralles y Luis Roberto Pizarro por su actuación en la investigación del crimen de Nora Dalmasso, ocurrido hace casi dos décadas en Río Cuarto. Los fundamentos de la decisión, que hizo público el tribunal, señalan que los tres fiscales "desatendieron y relegaron sistemáticamente una línea investigativa razonable" que apuntaba al parquetista Roberto Bárzola.

El jurado fue presidido por Julieta Rinaldi e integrado por la vocal del Tribunal Superior de Justicia Aída Tarditti y los legisladores Facundo Torres Lima, Miguel Nicolás y Walter Gispert. La acusadora fue la fiscal adjunta de la Provincia, Bettina Croppi.

Los tres fiscales se sucedieron en la dirección de la investigación entre 2006 y 2019. La acusación les reprochó haber omitido profundizar en la participación del hombre que trabajaba en la casa de la familia Dalmasso-Macarrón en los días previos al crimen. En su lugar, las líneas investigativas se orientaron hacia Facundo y Marcelo Macarrón, hijo y esposo de la víctima.

Bárzola admitió haber estado en el domicilio del barrio Villa Golf el día del hecho, en un horario compatible con el de la muerte. Sus explicaciones presentaban contradicciones e inconsistencias que nunca fueron esclarecidas. Sin embargo, la pesquisa "se orientó sucesivamente hacia integrantes del entorno familiar de la víctima" sobre la base de imputaciones que el jurado calificó como construidas sin sustento probatorio objetivo, y sostenidas durante años pese a pruebas genéticas y cooperaciones técnicas nacionales e internacionales que las desmentían.

Al fiscal Di Santo le reprocharon haber imputado a Facundo Macarrón bajo una sospecha leve basada en prejuicios sobre su orientación sexual, manteniéndolo bajo proceso más de cinco años a pesar de que se corroboró que el fin de semana del crimen estaba en Córdoba capital. A Miralles, el tribunal calificó de "especulativa" su decisión de imputar al viudo como autor material, basándose en la teoría de un "vuelo clandestino relámpago" desde Uruguay sin registro aeronáutico ni sustento fáctico alguno.

En el caso de Pizarro, los jurados criticaron que hubiese modificado la acusación hacia una "hipótesis conspirativa" de sicariato e instigación intelectual, sin identificar ejecutores materiales ni probar la existencia de un pago o pacto criminal. El tribunal determinó que las medidas inicialmente dispuestas sobre los trabajadores fueron insuficientes y se abandonaron de modo prematuro.

Existieron "alertas tempranas y reiteradas" que sugerían profundizar la pista de Bárzola: informes del Ceprocor sobre perfiles genéticos minoritarios no atribuibles a los sospechosos, estudios del laboratorio Ballantyne y del FBI que los excluyeron, y una "recomendación expresa" del Centro Nacional para el Análisis de Crímenes Violentos del FBI, formalmente incorporada al expediente en 2011, orientada a investigar a los trabajadores.

El jurado subrayó que las imputaciones formuladas se asentaron en "hipótesis preconcebidas, con omisión o lectura sesgada de pruebas relevantes, y carecían de correlato objetivo" en el material probatorio reunido. El tribunal aclaró que no actúa como revisora del acierto de decisiones jurisdiccionales, pero que el reproche se intensifica cuando la investigación frustrada involucra a una víctima de violencia de género, supuesto en el cual rige un deber reforzado de debida diligencia.

La conducta de los enjuiciados fue subsumida en las causales de negligencia grave por el abandono sostenido de una línea investigativa razonable, y de mal desempeño por la formulación y mantenimiento de imputaciones sin sustento objetivo. En octubre pasado, la Cámara Criminal de Río Cuarto decretó el sobreseimiento total por prescripción de Bárzola. Meses después, en diciembre de 2024, el fiscal Pablo Jávega lo acusó nuevamente a partir de un nuevo estudio de ADN, imputándole abuso sexual seguido de muerte. Bárzola se presentó ante la Justicia acompañado de abogado defensor y se abstuvo de declarar. La familia de Dalmasso apeló al Tribunal Superior de Justicia para que se realice un juicio por la verdad.