DHS publica regla final sobre carga pública: más discreción para negar la green card

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó la regla final sobre la causa de inadmisibilidad por carga pública para los solicitantes de residencia permanente o green card. La normativa deroga la reglamentación de 2022 y restablece una discreción más amplia para que los oficiales analicen la situación de cada aplicante bajo este criterio migratorio. La medida entra en vigor este 18 de septiembre.

Con la nueva norma, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) queda facultado para analizar la totalidad de las circunstancias del solicitante en cada caso individual. El organismo evaluará los cinco factores mínimos que fija la Ley de Inmigración y Nacionalidad: edad, estado de salud, estatus familiar, activos y recursos financieros, y educación y habilidades del candidato.

Si el oficial concluye que el solicitante no puede garantizar su autosuficiencia económica, será considerado como “carga pública” y, por lo tanto, inadmisible ante el Uscis. La reglamentación elimina las definiciones y restricciones sobre los beneficios públicos que los agentes pueden ponderar, y borra el listado explícito de exenciones del texto regulatorio por considerarlo redundante frente a las leyes vigentes.

La medida aplica a los extranjeros presentes en Estados Unidos que envían la solicitud de ajuste de estatus para obtener la tarjeta de residencia permanente. También alcanza a determinados extranjeros que piden admisión en los puertos de entrada. Se estima que impacta a un promedio anual de más de 580 mil solicitantes que tramitan el formulario I-485.

El análisis de carga pública no afecta a las categorías de inmigración con exenciones estatutarias fijadas por el Congreso federal. Entre los grupos exentos figuran los refugiados, los asilados y las víctimas de trata de personas con visado T. Tampoco entran en el alcance las víctimas de determinados delitos que califican para el estatus U ni los peticionarios bajo la Ley de Violencia contra la Mujer. Sin embargo, si un beneficiario de estas categorías cambia después a una vía de ajuste común, el oficial evaluará sus antecedentes financieros.

La regla final se aplicará de manera prospectiva a todas las solicitudes con sello postal o envío electrónico posterior a su entrada en vigor. El organismo no evaluará los beneficios no monetarios recibidos bajo la norma de 2022 con anterioridad a esa fecha. El Uscis emitirá guías de políticas internas en su manual oficial para orientar el criterio de sus adjudicadores, sin restar autoridad discrecional a los agentes en sus decisiones escritas.

Los solicitantes pueden consultar las listas de excepciones directamente en las instrucciones del formulario I-485 y en el sitio web de la agencia. El gobierno federal prevé que la medida reduzca los desembolsos anuales en asistencia pública en miles de millones de dólares. El DHS sostiene que busca asegurar que los inmigrantes mantengan su propia sustentabilidad económica con recursos individuales o familiares, sin depender del Estado.