El DHS propone que USCIS revise desde cero las solicitudes de visas laborales
La regla eliminaría la deferencia a dictámenes previos en pedidos I-129, como las visas H-2A y H-2B, y podría demorar los trámites de trabajadores migrantes.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos propuso una regla para que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) deje de respetar aprobaciones previas al evaluar pedidos de extensión de empleo. La medida alcanzaría a trabajadores migrantes que tramitan visas laborales y el documento de autorización de empleo conocido como EAD, y quedaría abierta a comentarios hasta el 13 de noviembre.
La propuesta, publicada en el Registro Federal, busca eliminar la Sección 8 CFR 214.1(c)(5). Esa norma obliga al USCIS a tomar como válida una aprobación anterior que involucre los mismos hechos cuando analiza una nueva solicitud de extensión de una petición de empleo o de estadía para un extranjero.
Según el criterio del DHS, cada solicitud debe examinarse de acuerdo con las circunstancias del momento y no con dictámenes previos, aunque los haya emitido el mismo organismo. La cartera que conduce Kristi Noem sostuvo que el cambio “armonizaría mejor las regulaciones del Departamento con la ley”, que pone en cabeza del peticionario, solicitante o beneficiario la carga de probar la elegibilidad para todos los beneficios migratorios.
El alcance de la norma abarca las peticiones de trabajadores no inmigrantes presentadas con el Formulario I-129. Entre ellas figuran las visas H-2A, para empleo agrícola temporal, y H-2B, para empleos temporales no agrícolas. También impactaría en los trámites de permisos de trabajo, un frente que ya tuvo cambios este año con la eliminación de la extensión automática del EAD.
El DHS argumentó que la regla vigente impone a los funcionarios una carga adicional cuando pretenden apartarse de una aprobación anterior. Además, señaló que mantener una decisión previa podría prolongar errores derivados de información incompleta, desactualizada o incorrecta. Para respaldar su postura, citó datos de inspecciones de campo de los años fiscales 2022 a 2025 y diferencias en los niveles de fraude e incumplimiento en determinados programas.
El propio USCIS estimó que la medida podría aumentar las Solicitudes de Evidencia (RFE), el mecanismo por el cual la agencia pide documentos o información adicional para resolver un expediente. El cálculo oficial proyecta un incremento de 2,9 puntos porcentuales en la tasa de esas solicitudes, equivalente a unas 6.044 peticiones adicionales por año.
El impacto en los tiempos de procesamiento sería significativo. Según las cifras presentadas por el USCIS, el plazo medio pasaría de 12 días para los expedientes sin ese requerimiento a 76 días para aquellos que necesiten pruebas complementarias. En materia económica, los empleadores afrontarían alrededor de 133.987 dólares adicionales al año para reunir y presentar la documentación solicitada.
La propuesta se conoce en un contexto de endurecimiento de los controles migratorios en Estados Unidos, que incluye medidas como el rechazo de solicitudes de TPS y permisos de trabajo por tarifas a partir del 16 de octubre. El período de comentarios públicos quedará abierto hasta el 13 de noviembre.
“El DHS invita a todas las partes interesadas a participar en este proceso de reglamentación mediante la presentación de datos, opiniones, comentarios y argumentos por escrito sobre todos los aspectos de esta propuesta de reglamentación”, indica la publicación oficial. Una vez cerrada esa instancia, la cartera podrá avanzar con la versión final de la norma.
Por qué importa
La regla afectaría a trabajadores migrantes que renuevan visas laborales y permisos de trabajo en Estados Unidos: cada trámite podría requerir documentación extra y demorar meses. También encarece para los empleadores la presentación de los expedientes.
Qué sigue
El período de comentarios públicos cierra el 13 de noviembre. Después, el DHS evaluará las presentaciones y podría publicar la versión final de la norma, que todavía no tiene fecha de entrada en vigor.
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