Diferencias en el Gobierno por las vacantes en la Corte: Mahiques sugiere apurar, Milei prefiere esperar

A la espera del decreto que busca 'agilizar' la designación de jueces y fiscales, en el Gobierno mensuran la posibilidad de avanzar con la designación de las dos vacantes que quedan en la Corte Suprema luego del intento fallido del 2025.

Conscientes de los tiempos electorales que se avecinan y de los vaivenes del respaldo parlamentario, en el Ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques, pretenden aprovechar el impulso que le ha dado el acuerdo del Senado a más de 70 pliegos judiciales promovidos por el Ejecutivo para buscar completar las vacantes del máximo tribunal. Pero Javier Milei no estaría convencido de esa iniciativa y preferiría esperar hasta el recambio legislativo de 2027.

El primer mandatario desconfía de las artimañas de la política luego de la negociación que en 2024 había entablado el asesor Santiago Caputo con el cortesano Ricardo Lorenzetti para completar las sillas de la Corte. De ese entendimiento surgieron los nombres de Ariel Lijo y del académico de la Universidad Austral, más afín a los intereses de la doctrina libertaria.

Las suspicacias son muchas. Desde algunas oficinas de Casa Rosada deslizan que los acercamientos del ministro con el juez federal podrían aliviar la situación procesal del ministro coordinador que, asesorado por el estudio Ledesma y por expertos tributaristas, optó por explicar sus ahorros con una suma de dólares, más de 500 mil dólares, no declarada en los registros oficiales.

Casualmente el 'affaire' del jefe de gabinete lleva a algunos operadores oficiales a entender que las lealtades con las bancadas aliadas del Parlamento podrían decaer en un futuro próximo. Los gobernadores que visitan la Casa Rosada se reúnen con el ministro del Interior, Diego Santilli, pero ya no aceptan fotos con el propietario de la pileta con cascada del country Indio Cua.

En el PRO salieron a marcar distancia con el decreto que el Ejecutivo va a publicar en breve para modificar los requisitos para nombrar jueces federales, incluidos los ministros de la Corte Suprema. Jimena de la Torre, integrante del Consejo de la Magistratura, alertó este lunes que 'la transparencia, la participación ciudadana y el control público no son trabas: son garantías republicanas'. El Ejecutivo todavía estaría a tiempo de evitar una mala señal.