Cristina Kirchner: a 17 meses de la condena, el Estado no recuperó nada del decomiso

El Estado argentino todavía no recuperó un solo peso de los bienes decomisados en la causa Vialidad, pese a que la condena contra Cristina Kirchner quedó firme el 10 de junio de 2025. La restitución patrimonial sigue pendiente y ahora depende de una definición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se aguarda desde fines de mayo. El monto actualizado asciende a 684.990.350.139,86 pesos.

La cifra no está en discusión: el máximo tribunal la dejó firme en julio pasado al desestimar las quejas contra el cálculo basado en el Índice de Precios al Consumidor. Lo que resta resolver es con qué bienes se cubrirá esa obligación patrimonial derivada de una condena firme por administración fraudulenta e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó por unanimidad los recursos de Máximo y Florencia Kirchner que buscaban suspender el remate de los bienes afectados. Los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña concluyeron que las resoluciones impugnadas no eran recurribles por esa vía y que no se había demostrado un perjuicio actual de imposible o tardía reparación.

El fallo habilita el trámite de ejecución, pero no alcanza para poner en marcha las subastas mientras persista la cuestión pendiente ante la Corte. Desde noviembre del año pasado, cada avance judicial fue seguido por nuevas impugnaciones de las defensas de Cristina, Máximo y Florencia Kirchner, en una estrategia que postergó la recuperación de los bienes.

El ejercicio del derecho de recurrir no debería confundirse con una autorización para mantener paralizada, por tiempo indeterminado, la ejecución patrimonial

Los tribunales también rechazaron el argumento de que los bienes heredados por Máximo y Florencia debían quedar al margen del decomiso por no haber sido condenados en la causa. El Tribunal Oral Federal N.º 2 y la Cámara de Casación entendieron que los fondos formaban parte del objeto del delito, aun cuando hubieran pasado a manos de los hijos de Néstor y Cristina Kirchner. Esa es una de las cuestiones que las defensas llevaron ante el máximo tribunal.

Entre los bienes alcanzados se encuentra el departamento de San José 1111, en Constitución, donde Cristina Kirchner cumple su condena bajo arresto domiciliario. La Cámara Federal de Casación dejó firmes los embargos preventivos sobre 13 inmuebles vinculados con las empresas familiares Los Sauces y Hotesur, incluido ese domicilio.

La resolución de la Corte es indispensable, aunque no será el último paso. Para concretar el decomiso deben cumplirse tres etapas: el máximo tribunal debe resolver las quejas pendientes y definir con qué inmuebles se cubrirá la suma fijada; luego, el Cuerpo de Peritos Tasadores debe entregar la valuación de las propiedades y la Dirección de Gestión Interna e Infraestructura de la Corte debe responder cuáles inmuebles pretende destinar a su propio uso; por último, deberán avanzarse los cambios de titularidad y el remate del resto mediante la plataforma de subastas en línea.

La urgencia se vuelve más evidente con el reciente comienzo del juicio oral por Hotesur-Los Sauces, que también compromete a la familia Kirchner. La acusación sostiene que Los Sauces funcionó como un mecanismo de reciclaje de activos: incorporaba propiedades, las alquilaba a empresarios vinculados con negocios estatales y permitía que el dinero regresara a la familia bajo la apariencia de operaciones inmobiliarias legítimas.

Según los fiscales, la mayor parte de los ingresos procedía de empresas de Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa, mientras que los alquileres de inquilinos sin esos vínculos representaban apenas el 12% de lo facturado. El caso se suma a un escenario judicial que también incluye la condena a Cristina Kirchner y sus derivaciones patrimoniales.

La responsabilidad del Estado no termina cuando una condena queda firme: también debe recuperar para la sociedad los bienes alcanzados por el delito. La ciudadanía necesita saber cuándo se resolverá la cuestión y qué plazos restan para que los bienes sean efectivamente recuperados.