ICE en Estados Unidos: las siete palabras que protegen a un detenido

En Estados Unidos, una persona abordada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) puede pronunciar una frase de siete palabras para evitar declaraciones que compliquen su situación migratoria: “Estoy ejerciendo mi derecho a guardar silencio”. El recurso surge de la Quinta Enmienda de la Constitución, que reconoce el derecho a no autoincriminarse, aunque no frena por sí solo una detención.

La protección aplica sin importar el estatus migratorio de la persona. Sin embargo, pronunciar la frase no impide que el ICE concrete un arresto cuando existe fundamento legal para hacerlo: su función es resguardar al detenido frente a declaraciones que podrían usarse en un proceso migratorio.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) indicó que las personas pueden expresar verbalmente su decisión de callar. También recomendó evitar discusiones, no correr y mantener las manos a la vista durante el operativo. La entidad identificó más de 2000 agencias que participan de los operativos de deportación en el país.

En la vía pública, la recomendación es preguntar a los agentes si la persona tiene autorización para retirarse. Si la respuesta es afirmativa, puede alejarse con tranquilidad. Si no puede irse, conserva el derecho a no responder preguntas sobre su lugar de nacimiento, su condición migratoria o la forma en que ingresó al país.

Durante una parada de tráfico las obligaciones cambian según el rol. Los conductores deben presentar licencia, registro del vehículo y comprobante de seguro cuando corresponda. Un pasajero, en cambio, puede preguntar si tiene permiso para retirarse y optar por no contestar preguntas migratorias.

El derecho al silencio tampoco elimina las obligaciones documentales. Los extranjeros mayores de 18 años deben llevar consigo los documentos migratorios válidos que les hayan expedido y exhibirlos ante un agente de inmigración que los solicite.

En una visita domiciliaria aparece otra cuestión central: la autorización para entrar. La ACLU recomendó mantener la puerta cerrada y pedir que los oficiales exhiban una orden judicial a través de una ventana o por debajo de la puerta. Las órdenes judiciales y administrativas tienen alcances diferentes: una orden administrativa de deportación, como el formulario I-205, no equivale a una orden judicial y no autoriza por sí sola el ingreso sin consentimiento.

Los residentes pueden expresar que no permiten la entrada, aunque existen otras excepciones legales que pueden habilitar el acceso. Ante esa situación, una de las frases recomendadas es: “Muéstreme una orden firmada por un juez”. Si los agentes ingresan por la fuerza, la recomendación es no resistirse físicamente y dejar constancia verbal de que no se autoriza el ingreso ni el registro.

Si el ICE concreta la detención, los especialistas señalan que los inmigrantes bajo custodia deben solicitar asesoramiento antes de firmar documentos. Una firma puede afectar el derecho a comparecer ante un juez de inmigración o a consultar a un abogado. Por eso también resulta útil decir: “Quiero hablar con un abogado”.

La ACLU precisó una diferencia importante: una persona detenida por el ICE puede contratar un letrado y consultar con él, pero el gobierno no está obligado a proporcionarle uno gratuitamente en el procedimiento migratorio. La organización aconsejó solicitar información sobre servicios jurídicos gratuitos o de bajo costo. El contexto de estos operativos se da en medio de disputas judiciales, como la decisión que avala actuaciones sin mostrar identificación en California.