Diputados aprobaron el Súper RIGI para inversiones tecnológicas, polémica en la oposición

El oficialismo de la Cámara de Diputados le dio este miércoles a la noche media sanción al proyecto conocido como ‘Súper RIGI’, un régimen que concede beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios y regulatorios por 30 años a inversiones superiores a los US$1000 millones. Obtuvo 130 votos a favor, 105 en contra y 48 abstenciones.

El texto habla de atraer industrias ‘del futuro’ que el Gobierno define como ‘genuinamente nuevas’ para la Argentina. Menciona infraestructura tecnológica y digital estratégica, actividades todavía ‘experimentales o piloto’ en el país y sectores que requieren ‘soluciones macroeconómicas anticipadas’ para poder desarrollarse.

La propuesta no específica a qué empresas apunta, algo que la oposición le critica. Durante el debate se incorporaron modificaciones impulsadas por los bloques aliados. Entre ellas, beneficios para proyectos que realicen inversiones en investigación y desarrollo, la obligación de presentar planes de integración de proveedores locales con un piso del 20% de contratación.

El régimen establece una alícuota reducida del 15% en el impuesto a las ganancias -frente al 25% del RIGI y del 35% general- estabilidad tributaria y cambiaria por 30 años, exenciones de derechos de importación y exportación, amortización acelerada de inversiones, reducción de contribuciones patronales y una liberación progresiva de divisas hasta alcanzar el 100% a partir del tercer año de exportaciones.

El debate

Durante el debate en comisiones se incorporaron modificaciones impulsadas por los bloques aliados. Entre ellas, beneficios para proyectos que realicen inversiones en investigación y desarrollo, la obligación de presentar planes de integración de proveedores locales con un piso del 20% de contratación, una ampliación de los objetivos vinculados al desarrollo tecnológico y la creación de un registro público de proyectos aprobados.

Además, se reforzaron algunos requisitos ambientales y sociales. Los inversores deberán acreditar que las iniciativas no comprometerán recursos naturales ni infraestructura esencial y se incorporó una nueva causal de rechazo para proyectos con impactos negativos significativos en sus áreas de influencia.